El Gobierno de Santa Cruz retiró las ocho clausuras que había impuesto el lunes en sectores de la mina de oro Cerro Negro. La medida se adoptó tras una reunión entre el gobernador Claudio Vidal y representantes de Newmont. La empresa presentó un plan de remediación y retomará actividades de forma gradual.
El Gobierno de Santa Cruz levantó las ocho clausuras que había impuesto el lunes sobre distintos sectores de Cerro Negro, la principal mina de oro de la provincia. La decisión se tomó después de una reunión entre el gobernador Claudio Vidal y representantes de Newmont.
El Gobierno provincial informó que se acordaron mesas de trabajo sobre seguridad, empleo y desarrollo local. El secretario de Trabajo santacruceño, Javier Aravena, confirmó que las clausuras fueron retiradas luego de que la empresa presentara un plan de remediación.
El procedimiento había comenzado con una inspección provincial que derivó en restricciones sobre sectores de la mina por incumplimientos relacionados con seguridad, higiene, documentación y vehículos utilizados dentro del yacimiento. Frente a esas medidas, Newmont desmovilizó personal porque las restricciones le impedían contar con el abastecimiento de insumos básicos.
Newmont confirmó que retomará gradualmente las actividades y que continuará trabajando con las autoridades y los sindicatos. “Un entorno operativo estable y predecible es fundamental para sostener la inversión de largo plazo, el empleo, las oportunidades económicas y los beneficios que la minería aporta a la provincia de Santa Cruz y a la Argentina”, señaló la compañía.
El Gobierno provincial concentró su mensaje posterior a la reunión en la creación de mesas de trabajo y en el compromiso de la compañía con la contratación de trabajadores santacruceños. También anunció próximos encuentros con los gremios dentro del yacimiento.
El punto central será el cumplimiento del régimen 90/10, que exige que el 90% de los puestos de trabajo sean ocupados por residentes de Santa Cruz. Las compañías habían planteado que los reemplazos deben realizarse gradualmente, especialmente en los puestos que requieren experiencia técnica o cuya cobertura puede comprometer la seguridad del yacimiento.
La dificultad adquiere mayor peso en las operaciones maduras. A medida que disminuye la ley del mineral, las empresas deben extraer y procesar más roca para obtener la misma cantidad de metal, lo que eleva los costos. Las demoras para cubrir puestos, las capacitaciones y las interrupciones se suman a una estructura productiva que necesita inversiones constantes para sostener los niveles de extracción.
La discusión coincide con una caída de la producción metalífera nacional. Según el INDEC, en julio la extracción de oro y plata en concentrados retrocedió 9,9% interanual y la de bullón dorado o doré, 20,7%. En conjunto, la producción de minerales metalíferos bajó 12,4%.