La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la moción de desestimación del Departamento de Seguridad Nacional y autorizó el avance de una demanda colectiva que busca reconocer el formulario I-220A como documento válido para acceder a la residencia permanente.
La Justicia federal de Estados Unidos dio luz verde para tramitar una demanda colectiva que busca reconocer el formulario I-220A (Orden de Libertad Bajo Palabra) como un documento válido para acceder a la residencia permanente.
La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la moción de desestimación presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ratificando la jurisdicción del tribunal sobre el caso Bello-Rubio v. Noem y acelerando los plazos procesales para definir el futuro migratorio de más de medio millón de ciudadanos cubanos.
Las claves del fallo judicial en Miami y los plazos inmediatos
La resolución judicial desestimó el argumento del gobierno federal, que sostenía que los tribunales carecen de facultad para revisar las decisiones discrecionales tomadas por las autoridades fronterizas al momento de liberar a los migrantes. A partir de esta determinación, la jueza fijó un calendario procesal de ritmo acelerado para avanzar en la causa.
El Departamento de Seguridad Nacional dispone de un plazo de siete días para modificar y presentar su respuesta formal ante el juzgado. Una vez entregado ese documento, los abogados defensores de los migrantes contarán con un período posterior de otros siete días para responder a los alegatos del Gobierno. Además, el tribunal programará una nueva vista oral dentro de este mismo mes con el objetivo de resolver la certificación del proceso como una demanda colectiva de alcance nacional (class action) y evaluar la solicitud de medidas de protección provisionales para los demandantes.
Del Formulario I-220A a la Ley de Ajuste Cubano
El centro del debate jurídico radica en la forma en que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procesó a los migrantes cubanos que ingresaron por la frontera sur tras la cancelación de la política «Pies secos, pies mojados» en 2017. Las autoridades entregaron masivamente el formulario I-220A, un documento de libertad bajo supervisión que el DHS no reconoce como una admisión legal. Sin embargo, la demanda sostiene que el trámite debió registrarse formalmente como un parole o libertad condicional humanitaria debido a las circunstancias de la detención.
Esta distinción es determinante para el futuro de las familias cubanas: la Ley de Ajuste Cubano de 1966 exige contar con un parole oficial y acreditar un año y un día de permanencia continua en Estados Unidos para tramitar la residencia permanente (Green Card). En este contexto, documentos de procesamiento inicial como el formulario I-213 adquieren un valor probatorio clave dentro del litigio, ya que contienen anotaciones oficiales sobre si la liberación de la persona respondió a razones humanitarias o a la falta de capacidad operativa en los centros de detención fronterizos.
Alcance real: cautela ante las deportaciones y la residencia
Los abogados que lideran la causa, Mark Prada y Anthony Dominguez, aclararon que el avance de la demanda no se traduce en la concesión automática e inmediata de la residencia ni otorga un permiso de viaje provisional a los involucrados.
Si el tribunal concede la certificación de clase nacional, la resolución beneficiará a los 992 demandantes iniciales y se extenderá a una comunidad estimada de entre 500.000 y 600.000 cubanos en situación similar. En caso de un fallo favorable, cada individuo deberá reabrir su caso ante un juez de inmigración o someter la solicitud individualmente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).