El gobierno británico evalúa medidas contra Argentina luego de los anuncios del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. Sectores políticos del Reino Unido solicitan acciones concretas, mientras que en Argentina el excanciller Rafael Bielsa criticó las declaraciones presidenciales.
Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, realizadas durante una cadena nacional el pasado jueves, generaron reacciones en el Reino Unido. Según informó el diario Clarín, el Partido Conservador británico solicitó al primer ministro Andy Burnham que veto la entrada de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y que impida la candidatura de Rafael Grossi a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).
El medio The Times, citado por Clarín, indicó que si Grossi alcanzara ese cargo, podría tener influencia en temas internacionales vinculados a la disputa por las Islas Malvinas. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador británico, afirmó que Burnham es “demasiado débil” frente a Argentina. El exprimer ministro Boris Johnson también solicitó el envío de más recursos militares a las islas.
En Argentina, el excanciller Rafael Bielsa expresó críticas hacia el presidente Milei en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Bielsa sostuvo que “no hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña”. También dijo que “no le creo una sola palabra al presidente” y que “las palabras de hoy del Gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño”. Además, remarcó: “Para los argentinos, en siete días más el fervor que haya se habrá consumido sin consumarse”.
Este lunes, Milei encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Según la Agencia Noticias Argentinas, se abordarán los avances de las medidas sobre las Islas Malvinas, que incluyen sanciones a empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. También se discutirá el Presupuesto 2027, que debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre y que mantendrá el equilibrio fiscal como premisa.