La Cámara de Diputados de San Luis dio sanción definitiva al proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa establece la prohibición de la reelección indefinida, unifica el calendario electoral y modifica el sistema judicial, entre otros cambios.
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este [fecha] el proyecto de reforma constitucional enviado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa recibió 30 votos a favor y 13 en contra, y obtuvo la sanción definitiva tras contar con la aprobación previa del Senado provincial.
La ley declara la necesidad de reformar la Constitución provincial y convoca a la elección de 52 convencionales constituyentes, quienes serán elegidos en la próxima elección provincial general para modificar la Carta Magna.
Cambios contemplados
El proyecto contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de 23 nuevos y la creación de cuatro capítulos. Entre los cambios principales se encuentra la modificación del artículo 147, que establece la prohibición absoluta de reelección después de dos períodos consecutivos o alternados para el cargo de gobernador. El período 2023-2027 será computado como primer mandato a los efectos de esta limitación.
En materia electoral, se unifica el calendario: las cámaras de Diputados y Senadores se renovarán en su totalidad cada cuatro años, en coincidencia con las elecciones a gobernador. Esto implica la eliminación de los comicios legislativos de medio término. Para implementar el nuevo esquema, se prorrogan hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que originalmente vencían en 2029. La misma lógica aplica a los Concejos Deliberantes.
En el ámbito judicial, se prevé la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, con una estructura de doble dirección a cargo de una Defensoría General y una Procuración General. Se crea un Consejo del Ministerio Público para la selección de miembros inferiores y un Jurado de Destitución propio.
También se modifica la composición del Consejo de la Magistratura, que incorporará representantes de la academia y del Senado. El orden de mérito resultante de los concursos tendrá carácter vinculante para el Poder Ejecutivo, que solo podrá apartarse con motivos fundados. Se establece una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para magistrados y se eleva de tres a cinco años la exigencia de ejercicio profesional para acceder a la magistratura.
Se fija un límite de edad de 75 años para miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. La continuidad en el cargo a partir de esa edad requerirá una nueva designación con acuerdo del Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo.
La reforma incorpora una cláusula federal que reafirma la autonomía provincial en línea con la reforma constitucional nacional de 1994, y un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales que habilita a la provincia a celebrar convenios de inversión y cooperación directa.
Por último, se modifica el plazo para la presentación del Presupuesto provincial, que pasará del 31 de agosto al 30 de septiembre.