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El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció que dará cumplimiento a la legislación de Nueva York que prohíbe los acuerdos 287(g) con el ICE, a la vez que se sumó a una demanda judicial para impugnar la norma.
El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció que cumplirá la legislación estatal que prohíbe determinados acuerdos de cooperación entre las fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Blakeman confirmó que Nassau terminó su convenio 287(g) y que se sumará a una demanda para impugnar la norma.
Los acuerdos 287(g) permiten delegar funciones de control migratorio a fuerzas estatales y locales. La legislación estatal exige su terminación y también impide modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención migratoria sin participación pública.
Según informó Politico, la administración de Donald Trump impugnó en los tribunales la prohibición estatal de los acuerdos. El 3 de agosto, un juez federal rechazó el pedido de bloquear cautelarmente esa parte de la ley.
Durante un evento político en Long Island, el presidente Donald Trump acompañó a Blakeman y se refirió a la gobernadora Kathy Hochul. «Ha sido muy, muy mala en materia de delincuencia, una pesadilla en materia de delincuencia», afirmó Trump.
Las encuestas del Instituto de Investigación Siena sitúan a Hochul con un 49% de intención de voto, frente al 39% de Blakeman.
En una conferencia realizada en Albany el martes 25 de agosto, Hochul anunció la entrada en vigor de la prohibición de los acuerdos 287(g) en Nueva York. En julio, 12 agencias mantenían estos vínculos y recibieron la notificación de que debían terminarlos a más tardar el 25 de agosto.
«A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales», afirmó Hochul durante la conferencia.
El presupuesto estatal del año fiscal 2027 incluyó la Ley de Policías Locales, Delitos Locales para restringir las operaciones federales. Según un comunicado de la Oficina de Hochul publicado en mayo de 2026, la norma prohíbe el uso de fondos, agencias civiles y recursos de escuelas públicas en tareas de deportación.
La legislación también prohibió el uso de mascarillas o cubrebocas para los agentes del orden público durante sus interacciones con el público, con determinadas excepciones. Un tribunal federal suspendió cautelarmente la aplicación de esa disposición el 3 de agosto, mientras continúa el litigio.
El paquete normativo autoriza a los ciudadanos a demandar a funcionarios federales en tribunales estatales por violaciones a sus derechos constitucionales. La medida veta el acceso de agentes migratorios sin orden judicial a zonas no públicas de hospitales, escuelas, templos y centros de votación.
Las reformas blindaron el derecho a la educación pública gratuita para todos los estudiantes sin importar su estatus legal. Adicionalmente, el marco legal impide a las instituciones académicas recolectar o divulgar información sobre la condición migratoria de los alumnos.