Un grupo de familias se movilizó este martes frente a la Casa de Gobierno de La Pampa y luego hacia el Centro Judicial para reclamar por expedientes de revinculación que consideran paralizados. La protesta fue organizada por madres y padres que atribuyen al organismo provincial trabas burocráticas y falta de coordinación.
Un grupo de familias se movilizó este martes 18 de agosto en Santa Rosa, La Pampa, para reclamar por expedientes de revinculación que consideran paralizados. La concentración comenzó a las 8 en los jardines del Centro Cívico y continuó con una caminata hasta el Centro Judicial.
Los manifestantes, madres y padres, atribuyeron a la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia trabas administrativas, falta de coordinación con defensorías y restricciones que, según su versión, habrían impedido el contacto entre niñas y niños con sus familias de origen, incluidos abuelos, tíos y otros integrantes del núcleo afectivo.
Entre los casos expuestos hubo referencia a un niño con discapacidad que habría estado separado de su madre durante más de un año. La nota omite nombres y detalles que permitan identificarlo debido a que se trata de actuaciones de protección que involucran a personas menores de edad.
La Dirección General está encabezada por Rodrigo Lofvall y depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Juan Pablo Bonino. Ambas áreas integran el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos que conduce Diego Álvarez, bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial.
La Ley provincial 2703 asigna a la autoridad administrativa el diseño, la ejecución y la coordinación de las políticas de protección. También establece que las unidades de intervención deben promover alternativas para evitar la separación de niñas y niños de su familia, siempre que esas opciones sean compatibles con la protección de sus derechos.
Las medidas excepcionales se adoptan ante situaciones particulares, deben estar fundadas y cuentan con control judicial. Esto impide afirmar que todo apartamiento sea arbitrario, pero no elimina la obligación administrativa de tramitar los expedientes, coordinar organismos y documentar cada intervención.
La protesta no fue aislada. En junio ya se habían realizado manifestaciones similares frente a dependencias de Niñez por falta de información y obstáculos en las revinculaciones. La movilización del 18 de agosto trasladó nuevamente esas acusaciones al frente de la Casa de Gobierno y luego al Poder Judicial.
La movilización terminó en el Centro Judicial de Santa Rosa. No se informó una resolución general que declarara irregular al organismo provincial; cada denuncia quedó vinculada a expedientes individuales y bajo las reglas de confidencialidad que protegen a niñas, niños y adolescentes.