La iniciativa del diputado Juan Osaba busca modificar la Ley de Tránsito 13.927 para que las deudas no impidan obtener, renovar o duplicar el registro. El texto se apoya en un fallo de 2021.
Un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone modificar las condiciones para obtener, renovar o duplicar una licencia de conducir. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Osaba (La Libertad Avanza), plantea que las multas de tránsito impagas y otras deudas no puedan actuar como impedimento para completar el trámite.
Modificación del artículo 8° de la Ley 13.927
El proyecto propone modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Según el texto, la Provincia y los municipios no podrían exigir un certificado de libre deuda como condición para iniciar, continuar o completar los trámites relacionados con una licencia, ya sea para obtenerla, renovarla o gestionar un duplicado.
La iniciativa establece una distinción entre las infracciones en trámite y aquellas con resolución firme. En los casos de actas no resueltas o multas sin sentencia firme, la autoridad emisora podría informar al solicitante sobre la existencia y el estado de esos antecedentes, pero esa información no podría usarse para bloquear el trámite.
Fundamentos del proyecto
Osaba sostiene que una deuda económica no demuestra si una persona está capacitada para conducir. La iniciativa argumenta que las multas y obligaciones tributarias no deberían determinar el acceso a un documento que acredita las condiciones para manejar.
El proyecto también señala que una multa en un sistema administrativo no equivale a una condena firme, por lo que busca impedir que una persona quede bloqueada antes de que se determine su responsabilidad.
Cobro de deudas si se aprueba la ley
Si el proyecto avanza, las multas no desaparecerían ni quedarían perdonadas. La diferencia estaría en la vía de cobro: actualmente, el sistema puede vincular infracciones o deudas con el trámite de la licencia; la iniciativa busca que esa relación deje de ser una condición para obtener el registro.
En los fundamentos, Osaba afirma que el Estado debe utilizar los mecanismos legales disponibles para cobrar las obligaciones. Una persona podría renovar su licencia y, paralelamente, seguir siendo responsable por una deuda, que deberá resolverse mediante los procedimientos correspondientes.
Antecedente judicial: fallo de 2021
En 2021, Pablo Augusto Barril inició una acción de amparo tras exigírsele el pago de multas para renovar su licencia. El Tribunal en lo Criminal N° 6 de Morón declaró inconstitucional el inciso tercero del artículo 10 del Anexo II del Decreto 532/2009 y ordenó al Municipio de Morón continuar con el trámite sin exigir el pago.
Los jueces Cristian Adrián Toto y Alejandro Rodríguez Rey consideraron que la obligación de pagar multas para acceder a la licencia no guardaba relación suficiente con la capacidad para conducir. El fallo también cuestionó que el mecanismo pudiera generar una diferencia basada en la capacidad económica del conductor.
El Municipio de Morón apeló la decisión, pero en mayo de 2021 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó el recurso y confirmó la sentencia para el caso de Barril. La Cámara consideró extemporáneos los argumentos de la Municipalidad.
El fallo no eliminó la exigencia de manera general: benefició específicamente al ciudadano que presentó el amparo. El abogado de la causa aclaró que el régimen de tránsito continuaba vigente y que la resolución tenía alcance sobre ese caso particular.
El proyecto de Osaba busca llevar esa discusión al terreno legislativo y establecer una regla general para toda la provincia. Hasta que se apruebe, el proyecto no modifica el régimen vigente y los conductores deben cumplir las condiciones actuales para realizar sus trámites.