La industria del cáñamo en Colombia avanza con respaldo legal desde 2022, pero su implementación enfrenta obstáculos por una reglamentación incompleta. Productores y expertos consultados por Infobae Colombia describen el potencial del sector para generar empleo y sustituir economías ilícitas, a la vez que detallan las trabas normativas vigentes.
La industria del cáñamo en Colombia se presenta como una alternativa productiva para territorios históricamente relegados por el Estado. Si bien cuenta con un marco legal desde 2022, su desarrollo operativo permanece limitado por una reglamentación incompleta, según señalaron empresarios y expertos consultados por Infobae Colombia.
La Ley 2204 de 2022 vinculó esta industria al régimen general del cannabis no psicoactivo, lo que genera dificultades para su implementación. El abogado Walter Aguirre Mazo explicó que, aunque la ley fijó como referencia un contenido de THC (tetrahidrocannabinol) igual o inferior al 0,3%, el porcentaje aplicable mientras entra en vigencia la reglamentación sigue siendo del 1%, previsto en el Decreto 811 de 2021. Esto implica la coexistencia de dos normas con límites distintos, lo que constituye una traba legal para los interesados.
Elena Escobar, líder del sector en Urabá, afirmó que la planta fue desplazada del mercado por intereses industriales. «Tanto la industria algodonera como la industria licorera satanizaron el cáñamo. Hicieron uso de que el cáñamo viene del cannabis para satanizar todo eso y sacarlo del mercado», declaró la ingeniera, quien también desarrolla la semilla de sacha inchi. Escobar destacó que de la planta «salen textiles, salen bioplásticos, sale material de construcción» y que una de las líneas de investigación más recientes apunta al grafeno. «Absorbe CO2 (dióxido de carbono), o sea que es perfecta para el tema de los bonos de carbono. Una vez transformado el cáñamo, sigue absorbiendo CO2», agregó.
Aguirre Mazo reiteró que Colombia cuenta desde el 10 de mayo de 2022 con la Ley 2204, que establece un marco legal para el uso industrial y científico del cáñamo. La norma abarca la producción y utilización de fibra, grano, semillas para siembra, plantas en estado vegetativo y componente vegetal, además de su comercialización, importación, exportación, almacenamiento, transporte y transformación industrial. El abogado indicó que ese cambio permitió diferenciar jurídicamente el cannabis sometido a control especial del cáñamo como cultivo agrícola y materia prima industrial. No obstante, sostuvo que «cuatro años después de expedida la Ley 2204, el principal problema continúa siendo su reglamentación integral y efectiva».
Mientras culmina ese proceso, la actividad productiva depende del Decreto 811 de 2021 y de la Resolución 227 de 2022, que regulan el cultivo con fines industriales y la producción y transformación de grano derivado de la planta, que ya se cultiva en Antioquia. Aguirre Mazo remarcó que el cáñamo no debería ser tratado como una variante del mercado del cannabis, sino como una cadena agroindustrial. Recordó que el Congreso ya legalizó esa industria, pero el Estado aún no completa el andamiaje para hacerla funcionar bajo un régimen propio.
Carlos Álvarez, fundador de la firma Agrogreencol, relacionó el potencial del cáñamo con una agenda rural e industrial enfocada a transformar las economías de los territorios olvidados. «En Colombia, las comunidades rurales necesitan ingresos legales, cultivos resilientes al clima e industrias sostenibles que protejan la tierra. En Agrogreencol estamos construyendo esa oportunidad a través del cáñamo industrial», afirmó. El modelo de su empresa parte de «genética legal y trazable de cáñamo» y se apoya en la producción de semillas, plántulas y material vegetal para agricultores y comunidades, además de servicios como nutrición orgánica, orientación en riego y asistencia técnica.
En la etapa de poscosecha, la materia prima se transforma en materiales de bioconstrucción sostenible. «Tallos y fibras pueden transformarse en materiales de bioconstrucción sostenible, incluyendo bloques a base de cáñamo para muros, aislamiento y vivienda rural de baja huella de carbono», dijo Álvarez, quien resaltó el aporte de la industria en la generación de empleo en zonas que requieren atención estatal.
Uno de los aspectos que otorga valor al desarrollo de la industria es su impacto sobre territorios afectados por economías ilegales. «Durante décadas el país ha intentado sustituir cultivos ilícitos concentrándose principalmente en reemplazar una planta por otra. Pero el problema de muchos territorios no es solamente qué cultivan», sostuvo Aguirre Mazo. Para el jurista, las leyes y el Estado no pueden competir contra los cultivos ilegales porque en esas zonas no hay fábricas, dinero, carreteras, tiendas legales ni ayuda del Gobierno para producir otra cosa que dé ganancias.
«El cáñamo permite plantear un enfoque diferente: no sustituir simplemente cultivos ilícitos, sino sustituir economías ilícitas por economías industriales legales», expresó Aguirre Mazo. Puso como ejemplo cómo detrás de cada plantación existe una cadena que transforma la fibra en materiales de construcción, textiles o autopartes, y el grano en alimentos y aceites. Por su parte, Álvarez destacó que trabaja con asociaciones rurales y comunidades interesadas en la sustitución voluntaria de cultivos, impulsando el concepto de agricultura regenerativa, empleos verdes y soluciones de vivienda sostenible.
Para Aguirre Mazo, el siguiente paso no es discutir si el cáñamo debe existir legalmente, porque esa decisión ya fue tomada por el Congreso en 2022. El reto es práctico: culminar la reglamentación de la ley con un sistema sencillo, diferencial y proporcional al riesgo real de un cultivo industrial. «Un cultivo destinado a fibra, alimentos, materiales o construcción no puede tratarse administrativamente como si su objeto principal fuera la producción de sustancias fiscalizadas», advirtió. También señaló que la cadena completa debe desarrollarse de manera simultánea: semilla, cultivo, cosecha, transformación, certificación, logística, industria y compradores, y pidió vincular a pequeños productores y territorios afectados por economías ilegales.
El desarrollo formal de la actividad se canaliza a través del Sistema de Información de Operaciones de Cannabis del Ministerio de Agricultura, la plataforma oficial donde se centraliza la información sobre todas las actividades relacionadas con el cáñamo y el cannabis industrial en Colombia. Allí, empresas y cultivadores deben registrar sus operaciones para el control y seguimiento de proyectos activos.
El cáñamo permite producir una amplia gama de artículos. En alimentación, se utiliza para obtener semillas, aceite, harina y proteína vegetal, además de snacks y barras energéticas. En el sector textil, se destaca por su resistencia, siendo materia prima para ropa, calzado, bolsos, mochilas, cordones y cuerdas. En la construcción, se transforma en bloques ecológicos, paneles aislantes y fibras para reforzar bioplásticos. También se emplea para fabricar papel, cartón y embalajes biodegradables. En cosmética, sus aceites y extractos forman parte de cremas, jabones y champús. Además, se utiliza en la industria automotriz para producir bioplásticos y componentes, así como en la elaboración de combustibles alternativos, productos de jardinería, lechos para animales, pinturas y barnices ecológicos.