Un decreto nacional y proyectos provinciales establecen cobros para extranjeros no residentes en universidades y hospitales públicos de Argentina.
El gobierno nacional habilitó en mayo de 2025, mediante el DNU 366/2025, que las universidades públicas puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. La medida se aplica en el marco de un debate sobre el uso de recursos públicos y la cantidad de estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino.
Según datos citados por fuentes oficiales, de unos 70.000 ingresantes en 2026, el 2,5% correspondía a extranjeros con algún tipo de residencia. La Universidad de Buenos Aires (UBA) ocupa el puesto 84 en el ranking QS Best Student Cities 2027, siendo la única casa de estudios latinoamericana entre las 100 principales.
En la provincia de Buenos Aires, un proyecto presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, con el apoyo de 12 diputados de LLA y del presidente del bloque de Pro, propone un régimen de arancelamiento a prestaciones de salud en establecimientos públicos provinciales y retribuciones por estudios en universidades públicas bonaerenses para extranjeros sin residencia permanente. El proyecto aclara que, en caso de urgencia, nadie podrá ser rechazado.
Romo sostuvo: “Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato”. Por su parte, Juan Esteban Osaba (LLA) explicó que “cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”. Las consultas e internaciones de extranjeros en territorio bonaerense estarían por debajo del 1% del total.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde marzo de 2025, se implementa el cobro por la atención sanitaria a extranjeros a partir de un proyecto de la legisladora porteña Pilar Ramírez. A nivel nacional, se estima que el 20% de las prestaciones en hospitales públicos se orientan a extranjeros y/o pacientes extrajurisdiccionales.
Salta implementó el cobro a extranjeros en 2024, con una caída del 95% en las demandas desde su aplicación. Santa Cruz, Mendoza y Jujuy también aplican cobros. La Casa Rosada no ha enviado hasta el momento un proyecto propio al Congreso Nacional, según se informó, porque demandaría modificar la ley de migraciones vigente.