El Consejo de la Magistratura de Córdoba concluyó este martes el concurso público para cubrir la vacante de juez electoral, que quedará libre con la jubilación de Marta Vidal. Guillermo Arias resultó primero en la orden de méritos y el gobernador deberá elevar su pliego a la Legislatura.
El Consejo de la Magistratura de Córdoba concluyó este martes la etapa final del concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir la vacante de juez electoral de la provincia, una posición que queda libre con la jubilación de Marta Vidal, luego de casi tres décadas al frente del juzgado ubicado en calle Caseros 684 de la capital cordobesa.
Tras dos jornadas de entrevistas personales a los 17 postulantes que llegaron a la instancia decisiva, el organismo realizó esta tarde el acto presencial y virtual en el que notificó las calificaciones correspondientes a antecedentes y entrevistas, decodificó las pruebas escritas de oposición y confeccionó la orden de méritos definitiva, surgida de la sumatoria de las tres etapas del concurso.
El resultado ubicó a Guillermo Arias en el primer lugar del orden de méritos. Según el mecanismo previsto por la Ley 8.802, la orden de méritos es inalterable. El gobernador Martín Llaryora recibirá la nómina y deberá elevar a la Legislatura Unicameral el pliego del postulante que encabezó la clasificación para solicitar el acuerdo legislativo.
El cargo de juez electoral provincial tiene a su cargo la organización de las elecciones provinciales y municipales, la supervisión del desarrollo de los procesos electorales y la resolución de conflictos que se susciten en la competencia política cordobesa.
La polémica por las entrevistas
La etapa final del concurso estuvo atravesada por una controversia política impulsada por la oposición. El senador nacional Luis Juez reclamó que las entrevistas personales fueran públicas y transmitidas por YouTube. La legisladora radical Alejandra Ferrero impulsó un proyecto de ley para reformar la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, incorporando la publicidad de las entrevistas.
La mayoría de los integrantes del Consejo rechazó el planteo y mantuvo el procedimiento habitual. En el entorno de Juez anticipan que el debate volverá a instalarse cuando el Poder Ejecutivo envíe a la Unicameral el pliego del postulante. El Frente Cívico adelantó que no acompañará esa designación. Semanas atrás, Juez había advertido por escrito que, si persistía el «secretismo» en la instancia decisiva, su espacio no prestaría el acuerdo legislativo.
Cómo se evaluó el concurso
El proceso comprendió tres instancias de evaluación: antecedentes (hasta 20 puntos), examen escrito de oposición (entre 20 y 40 puntos) y entrevista personal (hasta 40 puntos). La entrevista fue el tramo más cuestionado por la oposición, ya que constituyó la instancia con mayor margen de valoración subjetiva y la de mayor incidencia en la conformación del orden de méritos definitivo.
El examen escrito redujo la competencia: 28 aspirantes quedaron eliminados en esa instancia y otros ocho habían sido excluidos durante la etapa de admisibilidad.
Los nombres que llegaron a la definición
Los 17 postulantes que alcanzaron la etapa final representaban tres grandes perfiles: funcionarios judiciales de carrera, dirigentes con trayectoria político-institucional y referentes del ámbito académico con respaldo partidario.
Entre los nombres vinculados al oficialismo provincial sobresalieron Guillermo Arias, histórico secretario Legislativo de la Unicameral; Augusto Pastore, secretario de Gobierno de la Provincia; y Silvia Paleo, exlegisladora del PRO y actual funcionaria de la Municipalidad de Córdoba.
En la oposición, el principal referente fue Diego Frossasco, abogado, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, exconvencional constituyente y postulante respaldado por Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre.
También llegaron a la instancia decisiva varios funcionarios judiciales con trayectoria técnica, entre ellos María Emilia Mimessi, secretaria de Cámara de la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia; María de los Ángeles Nallin, secretaria letrada de Cámara; y Carlos Ignacio Viramonte, juez civil de San Francisco, a quien el juecismo vinculó políticamente con el gobernador Llaryora, una interpretación que desde el Centro Cívico rechazaron.