Con el fin de la feria judicial, el Gobierno y los tribunales retoman la actividad. En el Senado comenzarán las audiencias para designar jueces, mientras que en Comodoro Py avanzan las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA, la ex ANDIS y el expediente contra Manuel Adorni.
Este lunes se reanudó la actividad judicial tras la feria de invierno. En ese marco, el Gobierno tiene previsto avanzar con la designación de jueces: desde el martes 4 de agosto, una docena de candidatos se presentarán ante la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto, como paso previo a su nombramiento por el Ejecutivo. En paralelo, continúan las investigaciones en los tribunales de Comodoro Py por la maniobra de la criptomoneda $LIBRA, las coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el expediente por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Causa $LIBRA
En la causa por la criptomoneda $LIBRA, el juez Marcelo Martínez Di Giorgi resolvió a principios de julio excluir de la condición de querellantes a cinco inversores: Martín Romeo, representado por Nicolás Oszust, y otros cuatro defendidos por el equipo de abogados del diputado Juan Grabois. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, fijó una audiencia para el 10 de agosto para que los afectados amplíen sus fundamentos sobre los motivos para continuar siendo querellantes, de forma escrita u oral.
En esa Sala asumirá, si no hay contratiempos, Pablo Yadarola en reemplazo de Bruglia. Yadarola, juez en lo Penal Económico, obtuvo el primer puesto en el concurso para ocupar la silla de Bruglia, quien llegó por un traslado durante el gobierno de Mauricio Macri. Bruglia y Bertuzzi deberán presentarse en la audiencia pública del Senado el 12 de agosto. La presentación en la comisión de Acuerdos suele ser un paso protocolar. La audiencia del 10 se tomará con la actual conformación de la Sala.
El pedido de apartar a las querellas lo impulsó Mauricio Novelli, uno de los organizadores del Tech Forum 2024, quien mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno. Novelli argumentó que los querellantes no sufrieron un “perjuicio directo”. El abogado de Romeo sostuvo que la resolución de Martínez Di Giorgi era “arbitraria” e “ilógica”.
La investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano puso bajo la lupa a dos personas que habrían actuado como intermediarios para recibir fondos enviados por Hayden Davis, empresario cripto señalado como uno de los responsables del proyecto. Se trata de Orlando Mellino, jubilado de 75 años, y Camilo Rodríguez Blanco, divulgador colombiano de activos digitales. Según la investigación, ambos aparecen vinculados a billeteras que recibieron transferencias por varios millones de dólares en los días previos al lanzamiento de $LIBRA. Los movimientos, que rondan los 5 millones de dólares, son analizados por la Justicia para determinar el rol de cada uno. Ambos están representados por el abogado Matías Ledesma, quien también defiende a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito.
Causa contra Manuel Adorni
El 27 de junio, Manuel Adorni renunció a su cargo de jefe de Gabinete. En su carta de despedida, publicada en la red social X, escribió: “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”. La causa contra Adorni comenzó en marzo, cuando se difundió una imagen suya junto a su esposa Betina Angeletti en la tumba del rabino de Lubavitch en Nueva York. El entonces funcionario había viajado a esa ciudad para el Argentina Week y sumó a su pareja al avión presidencial. En una entrevista televisiva, dijo que se “deslomaba” en cada viaje y por eso requería la compañía de Angeletti. En abril, el juez Daniel Rafecas archivó la causa al determinar que no existió delito ni malversación de fondos públicos en ese caso.
Sin embargo, se difundieron otras informaciones sobre viajes, compras de propiedades y equipamiento. Se conoció un viaje a Punta del Este en febrero pasado, en avión privado pagado por el periodista Marcelo Grandio, contratado por la TV Pública. Los consumos de Adorni y su familia no tenían relación con sus ingresos como funcionario. Al retirarse en junio, su ingreso como jefe de Gabinete era de $7.656.785. Mientras ejerció como vocero (hasta noviembre de 2025) ganó alrededor de 3 millones de pesos por mes. En dos años y medio como funcionario compró una casa en el barrio cerrado Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti, y un departamento en la calle Miró, en Caballito, que también reformó. Solo en la reforma de la casa de Indio Cua gastó 245 mil dólares, pagados en efectivo, según declaró el responsable de la obra, Matías Tabar, ante el fiscal Gerardo Pollicita. También se investigan viajes a otros destinos y gastos en tarjeta de crédito superiores a sus ingresos.
A principios de junio, Adorni dijo en una entrevista en La Nación + que no declaró ingresos en sus declaraciones juradas por unos 500 mil dólares, obtenidos de ganancias por inversiones en bitcoins con dinero que encontró en el departamento de su padre, fallecido en 2002. “Con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. No declaramos ese dinero porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”, aseguró. Con la reanudación de la actividad judicial, Adorni deberá dar explicaciones sobre el dinero digital para evitar ser llamado a indagatoria.
Causa ANDIS
En la causa por corrupción en la ex ANDIS, el ex titular Diego Spagnuolo apeló ante la Cámara Federal el estudio forense ordenado por el juez Ariel Lijo para determinar si su voz aparece en los audios difundidos desde agosto del año pasado. La pericia requiere que Spagnuolo hable ante un micrófono para cotejar su voz con las grabaciones. La defensa del ex funcionario señaló que cumplir con la medida podría “autoincriminarse”. La Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deberá resolver el planteo. El fiscal Franco Picardi cuestionó la apelación y sostuvo que se trataba de un intento de demorar el proceso, calificándola como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”.