El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) generó un debate legislativo con posturas encontradas entre bloques políticos. Un análisis de los antecedentes peronistas en materia de incentivos fiscales y su relación con el actual proyecto.
El debate legislativo por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) generó críticas desde distintos sectores políticos. Por un lado, algunos sectores liberales expresaron su rechazo al considerar que el régimen direcciona inversiones, mientras que el oficialismo defiende la medida como una herramienta para atraer capitales.
En contraposición, sectores peronistas se opusieron al RIGI, aunque algunos gobernadores de provincias con actividad petrolera y minera manifestaron su respaldo. Según fuentes legislativas, estas provincias podrían beneficiarse con la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleo.
Un análisis histórico muestra que el peronismo tuvo posiciones cambiantes en relación con los incentivos a la inversión. En 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitió el primer desarrollo petrolero en Vaca Muerta, con la firma de acuerdos con la empresa Chevron. Esa reforma incluyó condiciones como estabilidad tributaria y disponibilidad de divisas.
En octubre de 2023, el peronismo dio media sanción a una Ley de Gas Natural Licuado que incluía beneficios similares a los del RIGI, como retenciones escalonadas y devolución de IVA por un plazo de 30 años. Sin embargo, los mismos bloques que apoyaron esas iniciativas se opusieron al RIGI en 2024.
Por otro lado, la UCR y el PRO se abstuvieron en la votación del RIGI, mientras que el oficialismo lo aprobó con el respaldo de otros bloques. El proyecto establece incentivos para inversiones en sectores estratégicos, como energía, minería y tecnología.