El paro docente nacional comenzó este lunes con impacto en distintas provincias. El Gobierno implementó un operativo de control para verificar la prestación del servicio educativo, mientras los gremios ratifican la medida de fuerza por salarios y financiamiento.
El paro docente nacional comenzó este lunes con impacto en distintas provincias y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los gremios de la educación. La medida de fuerza coincide con el reinicio de las clases en varios distritos y vuelve a poner en el centro de la escena la discusión por los salarios y el financiamiento del sistema educativo.
Frente a la protesta, el Gobierno puso en marcha un esquema de controles para monitorear el funcionamiento de las escuelas y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo. La administración de Javier Milei sostiene que la educación es un servicio esencial y busca garantizar que los establecimientos permanezcan abiertos durante la jornada de huelga.
Desde los sindicatos docentes ratificaron la medida de fuerza y denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, además de reclamar una actualización de las partidas destinadas al sistema educativo. También cuestionaron las políticas implementadas por la Casa Rosada en materia de negociación salarial.
El Ejecutivo, por su parte, busca determinar el grado de acatamiento al paro a través de relevamientos en las jurisdicciones y controles sobre la asistencia del personal docente. La información servirá para evaluar el alcance efectivo de la protesta y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la prestación del servicio educativo.
El conflicto se produce en un escenario de alta tensión entre el Gobierno y los gremios estatales. La protesta docente se suma a otros reclamos sindicales por la evolución de los salarios frente a la inflación y anticipa una semana marcada por la disputa entre la Casa Rosada y los sindicatos.
Cómo será el operativo del Gobierno para controlar las escuelas
Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, los inspectores verificarán que durante la jornada de paro se garantice la cobertura del 75% de la prestación del servicio educativo, porcentaje establecido para las actividades esenciales.
Los controles serán realizados por personal de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se presentará en los establecimientos con credenciales oficiales para relevar el funcionamiento de las escuelas y el nivel de adhesión a la medida de fuerza.
En caso de detectar incumplimientos, el Gobierno advirtió que activará los mecanismos previstos por la normativa para evaluar la aplicación de sanciones económicas contra las organizaciones sindicales responsables de la protesta.
Coordinación con las provincias
El operativo fue coordinado por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, aunque desde distintos distritos señalaron que la decisión fue impulsada por la Nación.
Tanto el Gobierno porteño como la administración bonaerense indicaron que no participarán de las inspecciones y precisaron que la tarea estará exclusivamente a cargo de funcionarios nacionales.
Qué gremios adhieren a la medida de fuerza docente
La convocatoria de CTERA será acompañada por sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmó su adhesión SUTEBA, al que también se sumarán FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que la medida tendrá un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense.
Además, docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también participarán de la jornada de protesta. Sin embargo, la situación será dispar según cada distrito, ya que el nivel de acatamiento dependerá de la decisión que adopten los trabajadores en cada escuela.