Un informe de la ANSES detalla que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alcanzó los $123,4 billones en junio de 2026, con una participación mayoritaria en títulos públicos. La normativa que creó el fondo prevé otros destinos, como préstamos a sectores productivos, aunque su utilización actual es marginal.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), registró un valor de $123,4 billones (equivalentes a US$ 79.232 millones) según el informe correspondiente a junio de 2026. De ese total, el 77,7% se encontraba invertido en títulos públicos del Estado Nacional, y al sumar los títulos de entes estatales, la participación alcanzaba el 79,5%. Las acciones de empresas privadas representaban el 14,3% y otros activos financieros completaban el resto.
El FGS fue creado en 2008 con el objetivo de garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones. Su cartera de inversiones está regulada por la ley 26.425, que establece que los fondos pueden destinarse a fines productivos, como préstamos a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos autogestionarios. Sin embargo, esos destinos son utilizados de manera marginal en la actualidad.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estima que en el país existen unos US$ 170.000 millones en divisas no declaradas, en cajas de seguridad o fuera del sistema financiero. En ese contexto, el gobierno impulsa una medida de blanqueo de capitales, conocida como “inocencia fiscal”, que alcanzaría a personas y empresas con activos no declarados, incluidos funcionarios públicos.
La visita de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, está prevista para los próximos días. Su presencia coincide con la vigencia del programa de facilidades extendidas que Argentina mantiene con el organismo.
Diversas organizaciones sociales y sindicales han planteado la posibilidad de utilizar los fondos del FGS para financiar proyectos productivos que generen empleo y fortalezcan la soberanía alimentaria, energética y financiera. Esas propuestas requieren una modificación de la política de inversiones actual y una decisión política en ese sentido.