El presidente Javier Milei firmó el decreto 681/26, que modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso y expulsión para extranjeros que propaguen mensajes de odio. La medida fue ideada por el asesor Santiago Caputo y genera dudas sobre su implementación.
El presidente Javier Milei firmó el decreto 681/26, que modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que propaguen mensajes de odio. La medida fue rubricada por el gabinete en pleno y fue ideada por el asesor presidencial Santiago Caputo, según distintas fuentes oficiales.
La administración libertaria sostiene que el decreto es una respuesta a una campaña anti-argentina que, según afirmó el Presidente y apoyaron otros ministros, provino de los gobiernos opositores de Brasil y México, más el Partido Demócrata de Estados Unidos.
El asesor Santiago Caputo posteó en redes sociales: “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”. Caputo también suscribió un posteo del intelectual Agustín Laje, quien afirmó que “la campaña anti-Argentina es la última manifestación ideológica de la agenda woke”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de llamar a distintos ministros para interiorizarlos del decreto y viabilizar su firma. Fuentes con acceso a la elaboración del decreto explicaron que la idea es fijar “un criterio más estricto y restrictivo en materia migratoria, incluido el otorgamiento de visas”.
La dirección de Migraciones, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, será la encargada de aplicar este nuevo criterio. Según fuentes oficiales, “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” que suministra el interesado. “Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista”, señaló la fuente.
El canciller Pablo Quirno coincidió en la existencia de la campaña anti-argentina y afirmó que el Gobierno “sabe” de dónde salieron los posteos hirientes, aunque evitó precisar el origen. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, describió la campaña como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. El exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, insistió en la existencia de una campaña coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente.
El decreto entrará en vigencia mañana.