El Poder Judicial de Costa Rica informó que un recorte presupuestario de USD 6,73 millones aplicado por el Ministerio de Hacienda comprometerá la lucha contra la delincuencia, la realización de juicios y la asistencia a víctimas durante el segundo semestre de 2026.
El Poder Judicial de Costa Rica aseguró que un nuevo recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda pondrá en riesgo la lucha contra la delincuencia, la atención a víctimas y el funcionamiento de distintos servicios judiciales durante el segundo semestre del 2026.
La institución informó que Hacienda comunicó el pasado 13 de julio que dejará de girar ₡3,053 millones (USD 6,73 millones) correspondientes al presupuesto judicial del próximo año, una reducción que se suma a los ₡13,220 millones (USD 29,12 millones) que la propia Corte Plena acordó ceder semanas atrás como parte de los esfuerzos para contribuir al ajuste fiscal del Estado. Con ambos montos, la disminución total del presupuesto ascendería a ₡16,273 millones (USD 35,84 millones).
El Poder Judicial señaló que esta nueva reducción obligará a inmovilizar recursos ya comprometidos para la operación institucional del segundo semestre y tendrá repercusiones en áreas consideradas estratégicas para combatir el crimen organizado y garantizar el acceso a la justicia.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández ha expresado que la reducción de recursos forma parte de un esfuerzo generalizado de austeridad que también alcanzó al Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa. La presidenta insistió en que todas las instituciones públicas han debido ajustarse financieramente y sostuvo que el Poder Judicial no debería ser la excepción.
Los dirigentes de los principales órganos auxiliares expusieron el impacto que tendría la disminución de recursos. En la reunión participaron el fiscal general, Carlos Díaz Sánchez; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas; y el fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, José Ángel Peñaranda Chaverri.
Entre las principales afectaciones descritas figura la reducción de recursos para trasladar personal a allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones judiciales y otras diligencias de investigación, lo que incrementaría los tiempos de respuesta. Asimismo, el Poder Judicial advirtió que la falta de presupuesto para viáticos y hospedaje limitará las investigaciones de campo prolongadas y reducirá la presencia operativa en zonas alejadas del país.
El informe también señala que el recorte dificultará la reparación de computadoras, la sustitución de vehículos oficiales y la compra de equipos de protección personal y materiales utilizados para el embalaje de evidencia, aumentando el riesgo de contaminación de indicios durante las investigaciones. Además, advierte que la imposibilidad de adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y la gestión de evidencia digital comprometerá la capacidad institucional para investigar delitos complejos y enfrentar al crimen organizado.
Las consecuencias también alcanzarían el funcionamiento de los despachos judiciales. Según el Poder Judicial, existe el riesgo de suspender o reprogramar juicios y audiencias debido a limitaciones operativas, además de afectar el mantenimiento de salas de juicio y sistemas audiovisuales utilizados durante los procesos judiciales. A esto se suma una menor capacidad para realizar peritajes, traducciones y otros estudios especializados requeridos en distintos expedientes.
Otro de los puntos que preocupa a las autoridades judiciales es el impacto sobre la atención de víctimas y testigos. Las autoridades advierten que podrían disminuir los recursos destinados a reubicaciones, transporte protegido y otras medidas de protección extraprocesales, además de limitar ayudas de emergencia como alimentación, vestimenta y asistencia para personas en condición de vulnerabilidad, especialmente en territorios indígenas y comunidades alejadas. El Poder Judicial sostiene que esta situación podría afectar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables del país.
Tras conocer el informe presentado por los órganos auxiliares, Corte Plena acordó trasladar el tema a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que, en coordinación con los órganos técnicos y la Dirección Jurídica, determine las acciones a seguir y busque soluciones frente al nuevo ajuste presupuestario.
El Poder Judicial también defendió su gestión presupuestaria y aseguró que mantiene porcentajes de ejecución cercanos al 100% en los últimos años. De acuerdo con la institución, la ejecución fue del 97% en 2025, 96% en 2024, 95% en 2023, 97% en 2022, y 96% tanto en 2021 como en 2020.
Asimismo, destacó que entre 2021 y 2025 incrementó en un 27% el número de expedientes concluidos y que el 85% de los casos tiene una duración inferior a cinco años. También señaló que en los Tribunales Penales Ordinarios los expedientes terminados crecieron un 31% entre 2015 y 2025 y recordó que impulsa el expediente legislativo 24,913, una reforma al Código Procesal Penal orientada a aumentar la cantidad de juicios y reducir los tiempos de espera. Finalmente, la institución destacó la implementación de procesos de mejora continua y el uso de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la eficiencia y efectividad de la administración de justicia.