Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción documenta la confiscación de 135 propiedades por un valor de 250 millones de dólares, en el marco de una política sistemática de despojo contra opositores, empresarios, ONG, Iglesia y medios de comunicación.
A finales de mayo de 2026, el fotoperiodista nicaragüense Oswaldo Rivas, exiliado en Estados Unidos, constató que la casa que construyó durante más de dos décadas aparecía publicada en venta en la plataforma digital Encuentra24 por 255.000 dólares. El anuncio incluía las mismas fotografías que Rivas había tomado antes de huir al exilio. La vivienda, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, fue ocupada por la Policía el 6 de junio de 2024, un día después de que el periodista recibiera advertencias de que sería arrestado.
El caso de Rivas forma parte de un sistema de confiscaciones ilegales que, según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), se ha intensificado desde 2018. El informe señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido al Estado nicaragüense en el principal depredador de la propiedad privada en el país.
El punto de partida fue la rebelión ciudadana de abril de 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses protestaron contra el régimen. La respuesta oficial dejó más de 300 muertos y miles de detenidos. Posteriormente, el régimen construyó un arsenal legal para golpear económicamente a sus opositores. En febrero de 2023 reformó el artículo 20 de la Constitución para establecer que todo nicaragüense declarado ‘traidor a la patria’ sería despojado de su nacionalidad y sus bienes pasarían al Estado.
El estudio del OPTA documentó la confiscación consumada de 135 propiedades por un valor total de 250 millones de dólares. Los investigadores advierten que la cifra es parcial debido al secretismo del aparato público y al temor de las víctimas a sufrir represalias.
Los afectados abarcan diversos sectores. El 9 de febrero de 2023, el régimen desterró a 222 presos políticos hacia Estados Unidos; seis días después, expulsó a otros 95. En total, 317 nicaragüenses fueron declarados ‘traidores a la patria’ y despojados de todos sus bienes. El OPTA documentó 36 casos dentro de este grupo, con 78 propiedades afectadas, cuyo valor de mercado suma casi 17,2 millones de dólares.
Las ONG también fueron blanco: hasta abril de 2026, el gobierno había clausurado 5.700 organizaciones. El OPTA confirmó que 30 ONG sufrieron la confiscación de 41 propiedades, valoradas en 8,4 millones de dólares. La Iglesia Católica, según la abogada Martha Patricia Molina, ha sido despojada de al menos 43 propiedades.
En el sector empresarial, en marzo de 2023 el régimen confiscó la casa sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), valorada en 500.000 dólares. El caso más emblemático es el del empresario Piero Coen, quien en junio de 2023 confirmó la confiscación de todas sus propiedades, incluido el complejo residencial y de oficinas Viejo Santo Domingo, cuyo valor asciende a 100 millones de dólares. El OPTA cuantificó en el plano empresarial una suma de 163,4 millones de dólares.
Además, 21 universidades fueron confiscadas, así como bienes de al menos seis medios de comunicación. Entre estos últimos destaca el diario La Prensa, cuyas instalaciones fueron ocupadas el 13 de agosto de 2021. Sus directivos calculan pérdidas por más de 20 millones de dólares. El valor de los medios confiscados en inmuebles suma 22,1 millones de dólares, y en equipos, 4,4 millones adicionales.
El régimen ha utilizado algunas de estas propiedades para inaugurar centros estatales. Donde funcionaba la redacción de Confidencial se instaló la Casa Materna Camila López; en las instalaciones del canal 100% Noticias funciona un centro para personas con adicción; y en el plantel de La Prensa se instaló el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
Recientemente, el régimen dio dos pasos para sistematizar esta política. El primero fue la creación del Comité de Bienes del Estado, mediante el Acuerdo Ministerial 006-2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un órgano permanente para administrar, clasificar y rematar los activos estatales. El acuerdo también contempla la conformación de ‘comités ad hoc de subasta pública’.
El segundo paso fue la aprobación por la Asamblea Nacional de un paquete de reformas que modifica simultáneamente cinco leyes, permitiendo inmovilizar cuentas bancarias y otros activos en cuestión de horas sin autorización judicial previa. La iniciativa amplía la definición de terrorismo para incluir actos que tengan como finalidad ‘alterar gravemente el orden público’, una formulación que especialistas consideran susceptible de interpretaciones amplias.
El abogado constitucionalista nicaragüense Juan Diego Barberena afirmó que el paquete de reformas profundiza la lógica del ‘derecho penal del enemigo’, en la que el Estado deja de tratar a una persona como sujeto de derechos y comienza a verla como un objeto de persecución.
Juristas y analistas advierten que las transacciones de propiedades confiscadas carecen de legitimidad legal y que, cuando cambie la situación política en Nicaragua, los propietarios originales podrían reclamar la restitución de sus bienes.