La muerte de un hombre de 67 años en una clínica privada de La Plata derivó en una investigación judicial por presuntas irregularidades, desaparición de la historia clínica y contradicciones documentales.
La Justicia investiga a una clínica privada de La Plata tras la muerte de un paciente de 67 años, ocurrida el 7 de junio. La presentación judicial fue impulsada por la familia, que denuncia presuntas irregularidades en la atención médica, contradicciones documentales y la desaparición de la historia clínica.
El paciente, identificado como D. A. P., estaba internado desde el 26 de marzo en la Clínica Althea, ex Clínica Vaccarini, ubicada en 80 entre 5 y 6. Falleció durante la madrugada del 7 de junio.
La denuncia fue presentada por el abogado penalista Ignacio Barrios, quien representa a la familia. Según la presentación judicial, cuando los familiares solicitaron la historia clínica, inicialmente recibieron documentación correspondiente a otra persona. Posteriormente, desde la clínica informaron que la historia clínica y otra documentación vinculada a la internación no podían ser localizadas.
El certificado de defunción, firmado por autoridades médicas de la institución, indica que las causas del fallecimiento fueron determinadas a partir de la historia clínica del paciente. La familia sostiene que esta circunstancia genera una contradicción.
La denuncia también incluye una conversación telefónica entre directivos de la clínica y familiares del fallecido, en la que se insistía con la autorización para proceder a la inhumación del cuerpo.
La presentación judicial menciona irregularidades durante el proceso de internación, altas y reingresos médicos, y cuestionamientos respecto de decisiones terapéuticas adoptadas durante los últimos días del paciente.
La acusación solicitó a la Justicia el secuestro de la historia clínica en todos sus formatos, registros médicos, documentación vinculada a la medicación administrada, registros de guardia, cámaras de seguridad y demás elementos que permitan reconstruir lo sucedido.
La Justicia platense deberá determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas y establecer las causas exactas del fallecimiento.