Un tribunal colegiado de Neuquén condenó a un hombre identificado como C. O. J. a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años. Al unificar la pena con una condena previa, la pena única fue de 12 años de prisión efectiva.
Un tribunal colegiado de Neuquén declaró culpable a C. O. J. como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y le impuso una condena de 9 años de prisión. Al unificar esta pena con una condena previa registrada por el mismo imputado, los jueces fijaron una pena única de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La decisión fue comunicada mediante notificación electrónica tras la audiencia de determinación de la pena celebrada la semana pasada. En esa instancia, el fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó una condena de 11 años de prisión y una pena única de 15 años de prisión efectiva tras la unificación.
El tribunal, integrado por Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, había emitido en febrero de 2025 el veredicto de responsabilidad. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hecho ocurrió la noche del 19 de abril de 2023, cuando la víctima, una adolescente de 15 años, se encontró con el imputado y ambos se dirigieron a una obra en construcción ubicada en la calle Salta al 700.
De acuerdo con la Fiscalía, la agresión sexual se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo que profundizó la situación de vulnerabilidad de la víctima. La investigación consideró este contexto al determinar la responsabilidad y la pena, tras remarcar que la denunciante era menor de edad.
Como parte de la sentencia, C. O. J. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). El tribunal dispuso la reserva de la identidad del condenado para preservar la intimidad de la víctima.
En otro caso, la fiscal Eugenia Titanti formuló cargos contra un hombre identificado como L. A. por abuso sexual y corrupción de menores, y solicitó prisión preventiva. La causa se inició tras la difusión anónima de un video a organismos municipales de niñez de Añelo, provincia de Neuquén.
Las imágenes, que circularon en grupos de compra-venta de Facebook, mostraban a L. A., un hombre mayor de edad con relación de confianza con la familia de las víctimas, mientras realizaba actos de connotación sexual contra una niña. En la grabación también se observa la participación de otro menor, quien sostuvo el teléfono y narró la situación mientras filmaba.
Durante la audiencia, la fiscal Titanti, acompañada por el asistente letrado Luciano Vidal, relató que el acusado tomó a la niña por la cintura, la condujo hasta un dormitorio y realizó tocamientos y besos de índole sexual. Posteriormente, le entregó un cigarrillo y continuó con conductas similares. Parte de la secuencia quedó registrada en el video filmado por el otro niño.
La funcionaria judicial acusó a L. A. de propiciar el desarrollo psicosexual prematuro de dos niños, lo que fundamentó la imputación por corrupción de menores. Tras la difusión del video, se generó tensión en el barrio El Mirador, donde una multitud se congregó frente al domicilio del sospechoso con intenciones de enfrentarlo e incendiar la vivienda.
Ante esta situación, la Policía desplegó varios patrulleros en la casa del imputado y en la de la familia de las víctimas para evitar incidentes violentos. La situación permaneció tensa durante la madrugada del jueves, con refuerzo de la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad.
La fiscal Titanti dispuso el allanamiento de la vivienda del sospechoso para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de L. A. como medida de coerción.
Entre las pruebas reunidas figuraron informes interdisciplinarios, entrevistas con el entorno familiar, el secuestro de teléfonos durante el allanamiento y una pericia médica forense. La acusación está respaldada por la videofilmación incorporada al expediente.
La fiscal argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que el imputado carece de trabajo registrado y de vínculos familiares cercanos en la zona. Además, restan producir pruebas clave: entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los dispositivos secuestrados y el análisis forense del video.
Uno de los menores reside cerca del domicilio del acusado, lo que reforzó la necesidad de mantener la prisión preventiva. Tras oír a las partes, el juez Marco Lupica Cristo formalizó los cargos y fijó la detención preventiva por dos meses, mientras la investigación penal continuará por un total de cuatro meses.