El ministro de Economía, Luis Caputo, buscaba duplicar la adhesión a la ley de Inocencia Fiscal con modificaciones legislativas, pero el recrudecimiento de la crisis vinculada al vocero presidencial Manuel Adorni paralizó el proyecto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaba duplicar la adhesión a la ley de Inocencia Fiscal mediante modificaciones que enviaría al Congreso. El objetivo era que el blanqueo de capitales se volcara al mercado real y no solo sirviera como regularización fiscal para contribuyentes en falta. Las consultas previas con el sector privado y la apertura a cambios sugerían un tratamiento exprés, lo que permitiría al Gobierno incrementar las reservas en dólares. Sin embargo, el recrudecimiento de la crisis vinculada al vocero presidencial Manuel Adorni, incluyendo su adhesión a la ley y la presentación de su declaración jurada, redujo el apoyo legislativo y la confiabilidad jurídica del proyecto.
Fuentes empresarias consultadas por PERFIL indicaron que el proceso de retoque impulsado por Caputo está “terminado”. Un empresario del sector productivo afirmó: “Nadie que tenga un patrimonio importante no declarado va a blanquear un dólar cuando existe un cuestionamiento tan fuerte al instrumento y a su uso irresponsable. Menos cuando se usó para llevar al paredón mediático a todos aquellos que adhirieron de buena fe, pero que quedaron en el fuego cruzado de la pelea por la declaración jurada de Adorni”.
En el Congreso se negocia actualmente el avance o estancamiento del proyecto, que Caputo aún no envió formalmente. La Casa Rosada sondearía la posibilidad de habilitar el debate y la sanción con aliados, a cambio de ceder en obras o leyes que los gobernadores requieren. La oposición más dura busca hacer la ley más restrictiva, eliminarla o lograr una moción de censura contra Adorni. El PRO y la UCR mantienen una posición de statu quo, sin definirse a favor ni en contra del Gobierno.
El impacto político afecta las expectativas de Caputo de generar un flujo de dólares hacia el mercado. Empresarios con diálogo con el Ministerio de Economía señalaron que “el plan de estabilización funcionó muy bien, pero las condiciones políticas, a partir de las sospechas de corrupción y la terquedad de (Javier) Milei de sostener a Adorni, las internas del Gobierno y el malestar social por el desempleo, están destruyendo la confianza”. Un ejecutivo de una multinacional agregó: “Ni las inversiones reales ni el riesgo país acompañaron las condiciones de estabilidad macroeconómica. Eso se debe al riesgo político. Y si bien es cierto que el mercado tiene miedo de que (Axel) Kicillof gane y cambie todo el modelo económico para volver al déficit fiscal, la ausencia de inversiones ocurre porque ni siquiera las mejores condiciones permiten confiar en el largo plazo”.
Para el círculo rojo, el deterioro de la imagen de Milei podría detonar el retorno del “péndulo electoral”. Un sector ve con buenos ojos la “soltura” de la senadora oficialista Patricia Bullrich para defender el plan del Gobierno, pero con “respeto institucional”, en contraste con las críticas a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El establishment se entusiasmó con el nacimiento del “mileísmo sin Milei”.
Pocos días antes de la presentación de la declaración jurada de Adorni, Caputo había presentado en el congreso del IAEF el plan para inundar el mercado con dólares del blanqueo. Allí defendió el borrador confeccionado “luego de haber tenido una reunión con los contadores que dieron sus inquietudes”. Sostuvo: “Esperamos que pase y que este nuevo enfoque dé un impulso mayor”. Explicó que el objetivo central apuntaba a la economía real: “Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar crecimiento”.
Para lograr esa inyección de liquidez, el proyecto amplía el universo de beneficiarios al eliminar el requisito de ingresos máximos de $1.000 millones y el tope patrimonial de $10.000 millones. Exige que los contribuyentes sean residentes fiscales durante la totalidad del período declarado. Los grandes contribuyentes nacionales solo pueden adherirse para presentar y pagar, sin gozar de la presunción de exactitud ni otros beneficios.
El texto también busca limitar la discrecionalidad del ente recaudador (ARCA) y blindar jurídicamente a los inversores. Establece que solo existirá una “discrepancia significativa” si el ajuste de ARCA aumenta el impuesto o reduce quebrantos en al menos un 15% respecto de lo declarado, o si la diferencia supera el 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario (unos $100 millones).
La carga de la prueba pasa a ser exclusiva de ARCA, que deberá utilizar únicamente la información disponible en sus sistemas. El tributarista César Litvin consideró este aspecto “muy importante” porque “limita el uso de presunciones de la ley de procedimientos tributarios”, un factor clave “para darle certeza al contribuyente en la adhesión al régimen”. El borrador garantiza que la discrepancia no se computará si el usuario rectifica y cancela el saldo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.
Las modificaciones, pensadas para regir desde el 1 de enero de 2025, extienden la presunción a los períodos de IVA hasta diciembre del año fiscal de Ganancias declarado bajo la modalidad simplificada. Aunque las órdenes de intervención o procesos judiciales pendientes continúan, se fijan cláusulas de protección patrimonial: si la exclusión del régimen es revocada, se restablecen de forma retroactiva todos los beneficios de la presunción de exactitud y el Estado queda obligado a devolver los importes abonados con sus respectivos intereses.
El proyecto suma una exención de multas para los ajustes de Ganancias e IVA cancelados antes de la adhesión. Sin embargo, este plan técnico chocó contra la crisis política, alejando al oficialismo de su objetivo de atraer inversiones.