El Ministerio de Economía, a través de la Anses, aumentó en los últimos meses la cantidad de acciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mientras se analiza una futura transferencia de esos activos al sector privado.
El Gobierno nacional, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incrementó la participación accionaria del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el mercado de capitales local. El FGS, creado tras la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) en 2008, posee acciones de 41 empresas privadas argentinas.
Según informaron fuentes oficiales, la compra de acciones responde a una estrategia del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, que considera que los precios de ciertos títulos se encuentran por debajo de su valor potencial. La expectativa es que esos activos se revaloricen en el mediano plazo, momento en el cual podrían ser vendidos al sector privado.
El valor estimado del paquete accionario oscila entre 9.000 y 15.000 millones de dólares, dependiendo de la cotización de los papeles, algunos de los cuales no tienen precio de mercado abierto. Entre las principales tenencias se destacan Banco Macro (27,49%), Edenor (26,81%), Gas Natural Ban (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), San Miguel (26,06%), Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%). También figuran Pampa Energía, Telecom, YPF, Grupo Clarín y Ledesma, entre otras.
El primer intento de venta de estas acciones ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2018, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa ocasión, se proyectó una reforma del FGS que permitiera a los privados recomprar los títulos, pero el proyecto no avanzó por requerir una ley del Congreso.
Fuentes de La Libertad Avanza indicaron que existe interés de varias empresas en recuperar el control de sus acciones, actualmente representadas por funcionarios públicos en los directorios. La administración de Javier Milei evalúa repetir el esquema de venta, priorizando a los dueños originales de las compañías, con el objetivo de obtener divisas y reducir la presencia estatal en el sector privado.