La candidata conservadora centró su discurso en la lucha contra la delincuencia y la defensa del modelo de la década de 1990, de cara a la segunda vuelta del 7 de junio frente a Roberto Sánchez.
Keiko Fujimori reorientó su campaña presidencial hacia el legado político de su padre y centró su discurso en la lucha contra la delincuencia, en un contexto de fuerte preocupación social por el avance del crimen organizado en Perú. La candidata conservadora buscará regresar al poder en el balotaje del 7 de junio frente al izquierdista Roberto Sánchez.
La cuarta segunda vuelta presidencial consecutiva de Keiko Fujimori está marcada por un escenario donde las extorsiones, los homicidios y el crecimiento de las bandas criminales dominaron la agenda pública. La candidata de 50 años modificó el tono de su campaña y dejó atrás la distancia que había tomado en elecciones anteriores respecto de la figura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.
En los últimos meses, Fujimori reorientó su estrategia política hacia una defensa más explícita del modelo aplicado en la década de 1990, con promesas de medidas de seguridad más severas, mayor presencia militar y una política de confrontación directa contra el crimen.
La dirigente conservadora también comparó a las bandas actuales con los insurgentes maoístas derrotados durante el gobierno de Alberto Fujimori y aseguró que utilizará servicios de inteligencia y fuerzas especiales para lanzar una “guerra frontal” contra el crimen y la extorsión.
La campaña de Keiko Fujimori reabrió el debate sobre la figura de su padre, uno de los dirigentes más controvertidos de la historia reciente peruana. Para sus seguidores, Alberto Fujimori logró estabilizar la economía y derrotar a Sendero Luminoso durante sus mandatos entre 1990 y 2000. Sin embargo, sus detractores continúan señalándolo como un líder autoritario. El exmandatario fue condenado en 2009 por ordenar una masacre y permaneció 16 años en prisión antes de morir en 2024.
La estrategia electoral de Keiko Fujimori también refleja una tendencia regional. En distintos países de América Latina crecieron las figuras políticas asociadas a discursos de mano dura frente al crimen, como el presidente salvadoreño Nayib Bukele o el dirigente chileno José Antonio Kast.
En zonas populares como Ventanilla, al norte de Lima, el avance de la delincuencia se volvió parte de la vida cotidiana. Comercios pequeños, emprendimientos barriales y trabajadores informales enfrentan exigencias de dinero por parte de organizaciones criminales.
Según datos oficiales citados en el informe, las denuncias por extorsión aumentaron cerca de un 20% durante el último año. Al mismo tiempo, la tasa de homicidios en Lima pasó de 9 cada 100.000 habitantes en 2021 a 23,1 en 2025.
Especialistas señalaron que el crecimiento del crimen organizado está vinculado al fortalecimiento de bandas transnacionales como el Tren de Aragua, la expansión de la minería ilegal y el debilitamiento institucional provocado por años de inestabilidad política y corrupción. También remarcaron que las respuestas aplicadas hasta ahora, como estados de emergencia y operativos policiales, no lograron resolver las causas estructurales de la violencia.
En la primera vuelta del 12 de abril, Keiko Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos y avanzó al balotaje contra Roberto Sánchez. En distritos como Ventanilla, donde existe un asentamiento que lleva el nombre de la candidata desde la década de 1990, la dirigente conservadora consiguió uno de sus mejores desempeños electorales.
No obstante, el recuerdo del fujimorismo continúa generando divisiones en la sociedad peruana. Mientras algunos sectores asocian aquella etapa con mayor seguridad y estabilidad, otros mantienen un fuerte rechazo político hacia la familia Fujimori.
Una encuesta de Ipsos realizada el 26 de abril mostró un escenario completamente abierto para la segunda vuelta, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatados en intención de voto de cara a las elecciones del próximo 7 de junio.