El episodio 97 de ‘Cuentas Claras’, emitido el 20 de julio de 2024, fue la última transmisión de Héctor Melesio Cuén Ojeda antes de ser asesinado. En él, acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de corrupción y enriquecimiento inexplicable.
El episodio número 97 del pódcast Cuentas Claras, transmitido en vivo desde YouTube el 20 de julio de 2024, fue la última grabación de Héctor Melesio Cuén Ojeda antes de su asesinato, ocurrido cinco días después.
En ese programa, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), exalcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense (PAS) lanzó acusaciones directas contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta corrupción, enriquecimiento inexplicable e intervención ilegal en la universidad estatal.
Al momento de su muerte, Cuén Ojeda estaba por asumir una diputación federal obtenida bajo la coalición PRI-PAN-PRD-PAS. El asesinato ocurrió el 25 de julio de 2024 y el caso aún no ha sido resuelto. El 13 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, aclaró que las investigaciones no han sido suspendidas ni archivadas, respondiendo a reportes que mencionaban una supuesta reactivación del expediente.
En ese informe, la FGR también desvinculó el asesinato de Cuén de las acusaciones presentadas el 29 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra diez ciudadanos mexicanos, incluido Rocha Moya, por presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones de Cuén Ojeda en su última transmisión
Cuén Ojeda relató haber sido el principal impulsor de la candidatura de Rocha Moya cuando, según dijo, «nadie lo pelaba» y la mayoría apoyaba a Luis Guillermo Benítez. Afirmó que, al formalizar su apoyo en una reunión con José Paul López Helenes y el entonces subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, Rocha contrajo compromisos que nunca cumplió.
Describió a Rocha como alguien sin recursos económicos en ese momento, señalando que su hijo Ricardo Rocha Ruiz vivía en una casa de interés social con un préstamo de 500 mil pesos del senador Ricardo Monreal. Tras las elecciones de 2021, acusó, la familia del gobernador adquirió propiedades: una casa en San Ángel valuada en 13 millones de pesos, una propiedad en Los Álamos por 23 millones y otra en La Primavera.
Por estas operaciones, Cuén dijo haber presentado denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación. También señaló un esquema de licitaciones arregladas llamado «carrusel», con un monto inicial de 3 mil millones de pesos y empresas vinculadas a los hijos de Rocha como presuntas beneficiarias. Denunció además la compra de patrullas por 48 millones de pesos, calificándola de autocompra, y afirmó que Rocha incorporó a su círculo a personas señaladas por acoso sexual y violación.
Problemas por la Universidad Autónoma de Sinaloa
Cuén responsabilizó a Rocha de ordenar la toma de Radio UAS y de un «cerco mediático» contra la universidad. Leyó un pronunciamiento de Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, que exigía al gobernador cesar sus descalificaciones y advertía sobre la incitación a perseguir medios y periodistas.
También leyó una columna del jurista Alfonso Carlos Ontiveros Salas, donde se documentaba que la Ley de Educación Superior de Sinaloa, publicada por Rocha, fue declarada inconstitucional. Cuén señaló que Rocha presentó una nueva carpeta de investigación contra el comité de compras de la UAS, calificándola de «sembrada», y cuestionó que varios diputados trabajen en la Secretaría General de Gobierno, lo que consideró un conflicto de interés.
Además, indicó que Rocha se jubiló de la UAS tras 25 años de servicio y lleva otros 25 cobrando jubilación dinámica más pensión, pese a lo cual buscaba intervenir la institución. Calificó estas acciones como una «cortina de humo» para encubrir presuntos actos de corrupción.
La carta de El Mayo y el derrumbe de la versión oficial
El 25 de julio de 2024, el mismo día del asesinato, Ismael «El Mayo» Zambada fue secuestrado y llevado a El Paso, Texas, por Joaquín Guzmán López. En agosto, su abogado difundió una carta donde Zambada narró que fue citado al rancho Huertos del Pedregal para mediar en el conflicto entre Cuén y Rocha, y que vio brevemente al político antes de que fuera asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado.
La FGR encontró sangre de Cuén en esa finca, contradiciendo la versión de la Fiscalía de Sinaloa, que ubicó el crimen en un asalto en una gasolinera. Esa versión acumuló inconsistencias: el video del supuesto crimen no tenía sonido, los empleados no oyeron disparos, el chofer se contradijo y el cuerpo presentaba un fuerte hematoma y cuatro disparos en las piernas. La incineración del cuerpo sin agotar pruebas forenses fue calificada por la FGR como «contraria a las prácticas criminalísticas». La fiscal estatal renunció en septiembre de 2024.
Rocha Moya negó haber asistido a la reunión y dijo estar en Estados Unidos ese día. Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana lo ha citado a declarar. La FGR, el 13 de mayo de 2026, precisó que las investigaciones activas están a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, y se comprometió a compartir avances de manera transparente.