La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad un Código de Ética para magistrados federales y nacionales, que ahora será tratado por el plenario del organismo. El texto busca unificar principios éticos, fortalecer la transparencia y la confianza pública en el Poder Judicial.
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad el Código de Ética para los magistrados federales y nacionales del Poder Judicial de la Nación, que ahora deberá ser tratado por el plenario del organismo. Se trata de un trabajo que aborda la ética en el ejercicio de la magistratura y aplica a jueces nacionales y federales, que día a día protagonizan la agenda pública por sus fallos e investigaciones, pero también son noticia por maniobras judiciales, irregularidades y controversias personales.
Entre los principios más importantes que fija el Código se destacan la independencia, la imparcialidad y la objetividad. También menciona la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, la necesidad de que las decisiones tengan una motivación y que estén expresadas en lenguaje claro. El texto incorpora perspectivas de género, atención a sectores vulnerables, la necesidad de capacitación permanente, la lealtad y el secreto profesional.
Asimismo, establece la prohibición de recibir regalos o beneficios de litigantes o terceros, el deber de conservar bienes públicos y las limitaciones a conversaciones privadas con litigantes. Sorprendentemente, fija la obligación de asistir a los tribunales, una costumbre que se perdió con la pandemia de coronavirus. Cuenta con una mirada de consensos basada en el trabajo conjunto de todos los estamentos del Consejo.
Este Código de Ética está alineado con estándares internacionales y regionales, y orientado a fortalecer la confianza pública, la transparencia institucional y la calidad del servicio de justicia, afirman sus impulsores. El objetivo del código es unificar y actualizar principios éticos dispersos en distintas normas, donde se remarca que el ejercicio judicial exige estándares más altos de conducta por la función pública que cumplen los magistrados.
El código, según sus autores, busca fortalecer la confianza social, la transparencia, la independencia, la imparcialidad, la seguridad jurídica y el buen servicio de justicia. Será aplicable a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, excepto la Corte Suprema por su régimen propio. Señalaron en el Consejo de la Magistratura que este código tiene una función preventiva, pedagógica y orientativa, y no sancionatoria por sí misma.
El Código votado establece la necesidad de mantener prudencia en lugares públicos y en los vínculos personales, la participación transparente en eventos, la “moderación” en la vida pública y privada, el “uso responsable” de tecnologías y redes sociales y la “protección de datos personales”. El código prevé una revisión periódica, incluyendo desafíos nuevos como: avance tecnológico, redes sociales, y cambios en las demandas sociales.
El expediente tratado por los consejeros es AA N°20/2024, caratulado “Lugones A. (Consejero) S/ Proyecto de Código de Ética del Poder Jud. de la Nación” y su acumulado AAA 140/2023 “De La Torre J. (Consejera) s/ Proy. Aplic. de los Princ. de Bangalore y del Cód. Iber. de Ética J”. El Código fue votado por siete votos a favor, sin abstenciones, ni votos en contra. Votaron los jueces Alberto Lugones y Diego Barroetaveña; Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez, por los abogados; Hugo Galderisi, por los académicos; Gonzalo Roca, por la Cámara de Diputados, y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola.
El juez Lugones, que preside la comisión, dijo que el Código es un proyecto “consensuado en un 90 por ciento”, pero que tendrá ajustes en el plenario. La consejera Vázquez anticipó su voto favorable y propuso una incorporación vinculada a la cordialidad y la buena fe. Barroetaveña sostuvo que el proyecto tiene trascendencia “para todos en general, no solo para el Poder Judicial” y Viola valorizó “la importancia de demostrar, sobre todo los representantes de los jueces, que tienen claros estos principios”. Jimena De la Torre sostuvo que esta norma será señera y guía para otras provincias. El consejero Grau dijo que con esta norma se salda una deuda. Galderisi afirmó que “es un hito inconmensurable para el Consejo” y un gran paso.