Trabajadores de la planta de Dioxitek en Córdoba reportaron dos incidentes internos con exposición a dióxido de uranio y posibles irregularidades en el manejo de residuos. La empresa, de mayoría estatal, niega los hechos.
La empresa Dioxitek S.A., de mayoría estatal y encargada de proveer combustible radiactivo para las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II, enfrenta denuncias de sus trabajadores por graves problemas técnicos ocurridos en su planta ubicada en el barrio Alta Córdoba. Según informó el diario La Voz del Interior, citando testimonios de empleados que pidieron reserva de identidad, se habrían registrado al menos dos incidentes internos que implicaron exposición a dióxido de uranio.
Uno de los episodios habría sido la rotura irreversible de una máquina, mientras que el otro involucraría una presunta fuga de uranio a través de una tubería dentro de las instalaciones. Los trabajadores aseguran que estos hechos no fueron reportados adecuadamente a los organismos de control, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Además, los denunciantes señalaron presuntas prácticas irregulares en el tratamiento de residuos nucleares, como el lavado de indumentaria de protección sin tratamiento del agua residual, almacenamiento inadecuado de desechos potencialmente contaminados y falta de controles médicos periódicos sobre la exposición del personal.
Desde la conducción de Dioxitek, encabezada por Federico Ramos Nápoli, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la veracidad de las fuentes. Ramos Nápoli manifestó en redes sociales: “Desmiento categóricamente que haya existido un incidente en la planta de Córdoba. La operación de Dioxitek cumple con todos los estándares de seguridad nacional e internacional”.
La compañía, dependiente del Ministerio de Economía, había informado en 2025 una producción récord de 190 toneladas de dióxido de uranio de grado cerámico, insumo estratégico para el sistema energético nuclear del país. Proyecta un superávit de 775 millones de pesos sobre gastos operativos superiores a 25.500 millones, aunque los denunciantes sostienen que ese equilibrio financiero estaría acompañado por un deterioro en las políticas de seguridad, en una planta ubicada en zona urbana de Córdoba.