Manifestantes, incluida una candidata a gobernadora, reclaman el cierre del centro de Dilley gestionado por CoreCivic para ICE. Reportes indican un aumento significativo de menores detenidos y organizaciones denuncian problemas en la atención.
En Dilley, Texas, el South Texas Family Residential Center, un centro de detención privado operado por CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es el foco de protestas de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen su cierre inmediato.
En una reciente manifestación, la candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, afirmó que las condiciones del centro «perjudican a los niños». Otras personas presentes, como Nancy Sandoval, expresaron identificación con los detenidos. Los organizadores buscan amplificar su mensaje a nivel nacional, calificando las detenciones como una injusticia.
Durante las protestas se distribuyeron tarjetas con información sobre derechos migratorios y silbatos para alertar sobre operativos del ICE en la zona.
Según datos de The Marshall Project, hubo un incremento sostenido en la cantidad de niños bajo custodia federal desde el inicio de la segunda administración de Trump. Mientras que al finalizar la presidencia de Joe Biden el ICE mantenía un promedio diario de 24 menores detenidos, con la reactivación de las políticas de detención familiar, ese número ascendió a un promedio de 226, con un pico de más de 550 niños en un solo día en enero. Casi la mitad de los más de 6200 menores detenidos en este período pasó por las instalaciones de Dilley.
El centro, abierto en 2014 durante la administración Obama y cerrado para familias por Biden en 2021, fue reactivado. La administración actual solicitó al Congreso financiamiento para hasta 30.000 camas destinadas a unidades familiares.
Aunque el acuerdo Flores establece un límite de 20 días para la detención de menores, reportes indican que más de 1600 niños superaron ese plazo. Abogados y organizaciones defensoras han documentado denuncias que incluyen provisión de alimentos en mal estado, agua con olor extraño y demoras en la atención médica. La organización RAICES registró, según ProPublica, más de 700 quejas vinculadas a la atención sanitaria desde agosto de 2025, incluyendo hospitalizaciones de bebés y un intento de suicidio de un menor.
El caso del niño ecuatoriano Liam, de cinco años, desencadenó protestas. Más de 160 organizaciones enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo la liberación de todas las mujeres embarazadas detenidas en centros del ICE.
Ante las denuncias, el DHS emitió un comunicado el 24 de febrero rechazando las acusaciones y describiendo que cada detenido recibe un examen médico dentro de las 12 horas de su ingreso, que los niños tienen acceso a aulas, materiales educativos y actividades al aire libre, y que hay personal médico especializado disponible las 24 horas.