El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfrenta restricciones operativas y judiciales que limitan el alcance de su política migratoria, según cifras oficiales y análisis del Congreso.
El plan de deportaciones impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato de Donald Trump enfrenta restricciones que afectan su implementación. A pesar de los datos difundidos por el organismo, distintos factores limitan el alcance de la política migratoria.
Según cifras oficiales, más de 675 mil personas sin estatus legal fueron deportadas de Estados Unidos en el primer año de gestión. Sin embargo, el objetivo anual fijado por la administración era de un millón de expulsiones. Por otro lado, otras 2,2 millones se autodeportaron.
El DHS sostuvo que su estrategia priorizó la expulsión de personas con antecedentes penales. De acuerdo con la agencia, una parte significativa de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenían cargos o condenas. Dentro de las operaciones recientes, se informó la detención de más de mil inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en solo 14 días bajo la Operación Honor del Ángel, amparada en la Ley Laken Riley. También se reportaron arrestos vinculados a seguridad nacional, con deportaciones posteriores en la mayoría de los casos.
Para ampliar la capacidad operativa, el organismo incrementó su personal y firmó acuerdos con autoridades locales. Estas medidas incluyeron la incorporación de miles de agentes y la expansión de espacios de detención en distintos estados. “La administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, retomado por CNN, analizó el funcionamiento del programa de traslados a terceros países. El documento indicó que los costos asociados fueron elevados en relación con la cantidad de personas trasladadas. En algunos casos, el gasto por cada migrante superó el millón de dólares. Además, se registraron transferencias de fondos a gobiernos extranjeros para incentivarlos a aceptar deportados, aunque el número recibido por esos países fue limitado.
El informe señaló situaciones en las que las personas enviadas a terceros destinos regresaron luego a sus países de origen. Este proceso implicó costos adicionales de transporte, lo que duplicó el gasto en determinados casos. Según el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se estima que el total de los gastos asumidos por el gobierno de EE.UU. en operaciones de deportación a terceros países hasta enero de 2026 superó los US$40 millones. Del total, la administración destinó más de US$32,3 millones en transferencias directas a cinco países para incentivarlos a aceptar a ciudadanos que no son de su nacionalidad.
Las políticas migratorias implementadas fueron objeto de demandas en tribunales federales. Algunas decisiones judiciales cuestionaron la legalidad de enviar migrantes a países distintos a los de origen sin procedimientos previos. Los jueces ordenaron garantizar instancias para que los afectados presenten objeciones antes de ser trasladados. También se plantearon cuestionamientos sobre el cumplimiento de normas que protegen a personas en riesgo de persecución.