La ex intendenta y vicepresidenta de la UCR local fue detenida durante una asamblea del Colegio de Farmacéuticos. La dirigente acusó al gobernador Quintela de persecución política, mientras el oficialismo defendió la actuación judicial.
La provincia de La Rioja se encuentra en medio de una nueva tensión institucional tras la detención de la ex intendenta de la Capital y actual vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) local, Inés Brizuela y Doria. El arresto se produjo durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos provincial, en el marco de un conflicto gremial interno.
Brizuela y Doria acusó directamente al gobernador Ricardo Quintela de utilizar al poder judicial como una herramienta de persecución política. La crisis se originó a partir de una denuncia por violencia de género radicada por Silvia Brizuela Ledesma, presidenta del Colegio, contra el vocal Jorge Bordón. Según la denunciante, existía una restricción de acercamiento que impedía a Bordón participar de las asambleas.
La policía intervino en el lugar para detener al vocal frente a los profesionales presentes. Horas más tarde, también procedió a detener a Brizuela y Doria, quien declaró que su arresto se realizó sin una orden escrita y bajo instrucciones verbales de un fiscal. «Me detuvieron en ejercicio de mi profesión de abogada», afirmó la dirigente tras recuperar su libertad.
El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado de repudio, calificando los hechos como un «abuso de autoridad» del gobernador Quintela e instándolo a cesar en el uso del Poder Judicial para, según su visión, beneficiar aliados y perseguir disidentes. Desde el entorno de la ex intendenta se insistió en que nunca existió una medida perimetral que justificara el arresto inicial de Bordón.
Por su parte, el oficialismo riojano defendió la actuación de la justicia. El conflicto se desarrolla en un contexto provincial marcado por desafíos financieros y cambios en el gabinete de Quintela. Analistas locales señalan que el incidente en el Colegio de Farmacéuticos refleja una pugna política de mayor alcance.
Este enfrentamiento tiene antecedentes que se remontan a noviembre de 2021, durante la gestión municipal de Brizuela y Doria, cuando un paro de recolectores de basura derivó en fuertes protestas y daños en la municipalidad. En aquella oportunidad, la entonces intendenta acusó al gobierno provincial de intentar desestabilizar su gestión.