En el marco del Día Mundial del Agua, expertos analizan cómo las infraestructuras hídricas se convierten en objetivos estratégicos en zonas de conflicto, poniendo en riesgo el acceso a este recurso esencial.
El pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia sobre la crisis global de agua y saneamiento, que afecta a más de 2200 millones de personas. El agua es fundamental para la vida humana, la agricultura, la industria y el equilibrio de los ecosistemas.
En las últimas semanas, el recurso hídrico ha adquirido una dimensión estratégica en el contexto del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Aunque históricamente poco comunes, los ataques a infraestructuras de agua se están perfilando como una amenaza tangible. Irán ha amenazado con atacar plantas desalinizadoras en respuesta a daños en sus propias instalaciones.
Expertos advierten sobre el efecto devastador que tendría atacar estas estructuras, especialmente en una de las regiones más áridas del planeta. Según el Banco Mundial, el acceso al agua en Medio Oriente es hasta diez veces inferior al promedio mundial. La región del Golfo alberga solo el 2% de las reservas mundiales de agua dulce renovable, dependiendo en gran medida de la desalinización. Un estudio publicado en la revista Nature indica que Medio Oriente concentra alrededor del 42% de la capacidad mundial de desalinización.
Datos del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) revelan la alta dependencia de estas plantas: en Emiratos Árabes Unidos el 42% del agua potable proviene de la desalinización, en Arabia Saudita la proporción alcanza el 70%, en Omán el 86% y en Kuwait el 90%.
La utilización del agua como instrumento en conflictos no es un fenómeno nuevo. En enfrentamientos actuales como los de Ucrania, Gaza, Yemen y Sudán, presas, plantas de tratamiento y tuberías han sido atacadas estratégicamente, agravando crisis humanitarias y ambientales.
El Derecho Internacional Humanitario, a través del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, protege explícitamente los bienes indispensables para la supervivencia civil, incluyendo instalaciones y reservas de agua potable, obras de riego, presas y diques.
En un contexto de estrés hídrico global, el agua dulce se ha convertido en un eje geopolítico crítico, pudiendo ser tanto causa como arma en los conflictos. Analistas subrayan la necesidad de que los líderes mundiales prioricen su protección y fomenten la cooperación para evitar que este recurso vital se convierta en un motivo de confrontación.