El sector del transporte automotor de pasajeros enfrenta un escenario complejo marcado por el aumento del gasoil, una caída en la cantidad de usuarios y discusiones sobre la actualización de subsidios, lo que impacta en la frecuencia y calidad del servicio.
El sector del transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un período de ajustes y discusiones con el Gobierno nacional, en un contexto de cambios en la estructura de costos y en la demanda del servicio.
Uno de los puntos centrales de debate es el precio del gasoil, componente que representa aproximadamente el 20% de los costos operativos. Su valor actual ronda los $2.100 por litro, mientras que la fórmula gubernamental para calcular subsidios se actualizó por última vez en enero, cuando el litro costaba entre $1.600 y $1.700. Las empresas sostienen que esta diferencia no contemplada en los subsidios afecta su financiamiento.
Paralelamente, se registra una disminución en la cantidad de pasajeros transportados. Datos oficiales indican una caída de hasta el 20% los sábados en la comparación interanual, y de un 12% en los días hábiles. Esta reducción en la demanda impacta directamente en los ingresos de las empresas.
Como consecuencia de este escenario, se observa una merma en la cantidad de unidades en circulación, con bajas de entre el 3% y el 4%, lo que deriva en una menor frecuencia en muchas líneas y mayores tiempos de espera para los usuarios.
Otro tema en discusión es el pago correspondiente a los «Atributos Sociales», un subsidio que cubre parte del boleto para jubilados, beneficiarios de la AUH y otros grupos. Según informaciones, el Estado Nacional mantendría una deuda por este concepto de alrededor de $50.000 millones con la provincia de Buenos Aires correspondiente al primer trimestre del año, lo que afecta los fondos disponibles para las empresas de esa jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, la administración local habría decidido avanzar con los pagos para garantizar el servicio.
Actualmente, el Estado cubre entre el 55% y el 66% del costo total del sistema de transporte en el AMBA, según datos de la Secretaría de Transporte. El resto es financiado por los usuarios a través de la tarifa del boleto.