El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, presentará un paquete de reformas penales focalizado en el agravamiento de condenas para delitos de alto impacto social, como robos y estafas. En contraste, la propuesta mantendrá sin cambios sustanciales las penas para delitos de corrupción de funcionarios, una de las modificaciones que había sido considerada en borradores anteriores.
Un cambio de estrategia legislativa
Según fuentes con acceso al documento, el Gobierno decidió abandonar la idea de enviar al Parlamento un nuevo Código Penal integral, una iniciativa que generaba amplias controversias. En su lugar, avanzará con una serie de ajustes parciales que buscan tener un trámite legislativo más ágil. Este cambio de rumbo implica postergar debates sobre la re-penalización del aborto, la eliminación de la figura de femicidio y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
«El eje ahora es avanzar sobre lo seguro, con propuestas que tengan mayor consenso y que aborden problemáticas urgentes para la ciudadanía», explicó una fuente ministerial. El paquete prioriza la creación de nuevos tipos penales para modalidades delictivas en expansión, como las estafas piramidales, que podrían acarrear penas de entre tres y doce años de prisión.
Modificaciones clave en lavado de activos
Uno de los puntos más significativos de la reformulación es el cambio en el delito de lavado de dinero. El proyecto eleva el piso mínimo para que una conducta sea investigada como tal, fijándolo en 5.000 millones de pesos (aproximadamente 4 millones de dólares al tipo de cambio actual). Esta modificación representa un aumento considerable respecto del umbral vigente, establecido en 150 salarios mínimos (unos 52 millones de pesos).
Analistas jurídicos advierten que este nuevo criterio de «condición objetiva de punibilidad» podría dejar fuera de la persecución penal una cantidad importante de casos que se encuentran en trámite, al considerar que el monto involucrado no alcanza la nueva cifra tope.
Consultas con la Corte y agenda judicial
El ministro Mahiques mantuvo una reunión la semana pasada con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese encuentro se acordó que el Ministerio realizará consultas técnicas con el máximo tribunal sobre los ajustes al Código Penal antes de la presentación formal del proyecto.
El mismo principio de revisión exhaustiva se aplicará a los pliegos de candidatos a cargos judiciales que el Poder Ejecutivo enviará al Senado para su acuerdo. La prioridad estará puesta en cubrir vacantes en fueros con alto impacto operativo para el sistema, dejando para una etapa posterior los nombramientos en tribunales de alto perfil político, como los de Comodoro Py.
Un nuevo enfoque: derechos de las víctimas
Paralelamente al endurecimiento de penas, el proyecto introduce un «criterio de interpretación pro-víctima», que obligará a jueces y fiscales a ponderar con mayor amplitud los derechos de quienes sufren el delito. Esta figura busca otorgar a las víctimas un rol más activo y protagónico durante el proceso penal, una demanda histórica de organizaciones de la sociedad civil.
El texto final, que aún está siendo ultimado por el equipo del ministro Mahiques y su viceministro Santiago Viola, será elevado al presidente Javier Milei para su aprobación antes de ser girado al Congreso de la Nación, donde iniciará su debate parlamentario.