La Ley 26.742, sancionada en 2012, establece el derecho de los pacientes con enfermedades terminales o incurables a rechazar procedimientos que prolonguen artificialmente la vida. Sin embargo, su implementación en el sistema de salud argentino dista de ser uniforme y completa, generando un escenario donde el consenso social no se traduce en práctica cotidiana.
Un acuerdo que no avanza en el Congreso
Distintas encuestas y estudios académicos reflejan que una mayoría de la población argentina apoya el derecho a decidir sobre el final de la vida. Este respaldo atraviesa diversos sectores, incluidos algunos grupos religiosos. No obstante, esta voluntad ciudadana choca con una parálisis legislativa.
«Existe una aceptación generalizada, pero una dificultad concreta para que el tema gane espacio en la agenda parlamentaria frente a otras urgencias», explicó la exdiputada Mara Brawer, autora de un proyecto de muerte voluntaria médicamente asistida. Según su experiencia, se trata de un debate que, pese a ser considerado razonable, suele postergarse por su complejidad y el malestar que genera.
La ley vigente y sus limitaciones en la práctica
La normativa actual permite rechazar tratamientos desproporcionados, como la alimentación o hidratación artificial, pero no autoriza la eutanasia activa (donde un profesional provoca la muerte). El médico especialista Carlos Soriano alerta que incluso estos derechos reconocidos no se ejercen plenamente.
«Recibo consultas semanales sobre muerte digna. Muchas familias y equipos de salud desconocen la ley o dilatan decisiones, lo que extiende innecesariamente el sufrimiento», afirmó Soriano. Para el experto, el núcleo del problema es la falta de difusión y la resistencia cultural a hablar abiertamente sobre la muerte.
El debate pendiente: de la muerte digna a la eutanasia
Mientras la aplicación de la ley actual es dispar, el debate público avanza hacia la discusión sobre la eutanasia. Esta práctica, ilegal en Argentina, implica una acción médica directa para finalizar la vida bajo condiciones estrictas y a petición del paciente.
Proyectos como la denominada «Ley Alfonso», impulsada en Córdoba, buscan instalar el tema. El caso que le dio nombre involucró a un paciente con una enfermedad grave que puso en evidencia los límites del marco legal. «La alternativa era un proceso de semanas retirando la alimentación. Con un animal aplicamos la eutanasia por compasión», comparó Soriano, cuestionando la coherencia ética.
Un cambio cultural necesario
Tanto desde la política como desde la bioética, coinciden en que el desafío trasciende lo jurídico. Se requiere un cambio cultural que permita conversar sobre la muerte y la autonomía personal en las decisiones finales.
«La dignidad la define cada persona. Si está en sus cabales y dentro de la ley, nadie puede imponerle qué es sufrir o no», argumentó Soriano. La visibilidad de casos concretos y el sostenido apoyo social parecen empujar lentamente una conversación que, para muchos, ya es impostergable. La pregunta que queda flotando es cuánto más deberá esperar la sociedad para cerrar la brecha entre el consenso, la ley y la realidad en los hospitales.