El Indicador de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella marcó en marzo su cuarta baja mensual consecutiva, en una medición que refleja un deterioro más profundo que en los registros anteriores. El índice se ubicó ligeramente por debajo del nivel que presentaba el gobierno de Mauricio Macri en marzo de 2018, tras las elecciones legislativas de medio término.
Los puntos críticos del descenso
El análisis de los cinco componentes del índice revela que la caída más pronunciada, de un 9%, se dio en el ítem «evaluación general del Gobierno», que se situó por debajo de los 2 puntos en una escala de 5. Por otro lado, el aspecto peor evaluado continúa siendo la «preocupación por el interés general», con una merma del 6%, lo que los analistas interpretan como una percepción de falta de sensibilidad por parte de la administración.
Cambio en el apoyo etario
Uno de los datos más significativos del informe es el comportamiento del segmento de 18 a 29 años, donde el índice sufrió una caída del 25%. Este retroceso implica que los jóvenes ya no constituyen el grupo etario que más respalda al gobierno, marcando un cambio en la composición de su base de apoyo inicial.
Contexto económico y medidas recientes
El descenso en la confianza se produce en un contexto económico complejo, con una inflación que no da señales claras de retorno a la baja. En este escenario, el gobierno anunció medidas para aliviar la presión monetaria, como la reducción de encajes bancarios. Además, el Banco Nación lanzará un programa de créditos para pymes con tasas por debajo de la inflación proyectada.
Estas acciones son vistas por los economistas como intentos de realizar un «golpe de timón» ante la percepción de que la economía de la calle no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, expertos advierten sobre los posibles efectos inflacionarios de la acumulación de reservas, un debate que sigue abierto dentro del equipo económico.
Escenario político y desafíos legislativos
En el plano político, el oficialismo enfrenta el desafío de recuperar la iniciativa tras semanas de tensiones. La agenda parlamentaria luce complicada, con proyectos enviados al Congreso que, si bien abordan temas relevantes, no generan un impacto inmediato en la opinión pública. La ley de Glaciares se presenta como uno de los frentes legislativos más empantanados.
Para avanzar con reformas clave, el gobierno nacional necesitará, como hasta ahora, del apoyo de gobernadores de provincias aliadas, cuya voluntad política estará inevitablemente condicionada por los sondeos de opinión en sus distritos.
La comunicación de crisis también se mantiene como un punto flaco para la administración, según observadores políticos, quienes señalan una brecha notable entre las estrategias efectivas en campaña y las dificultades en la gestión diaria para manejar situaciones críticas ante la opinión pública.