El próximo proceso electoral peruano se caracterizará por una oferta política sin precedentes. Un total de 35 candidaturas competirán por la presidencia, casi duplicando la cantidad de la elección anterior y estableciendo un récord para América Latina en tiempos recientes. Este fenómeno ocurre en un escenario de profunda preocupación ciudadana por la seguridad y la corrupción.
Un panorama fragmentado y polarizado
Según los últimos sondeos, dos figuras de derecha se perfilan como las favoritas para acceder a una eventual segunda vuelta. Keiko Fujimori, líder del fujimorismo, y el empresario Rafael López Aliaga mantienen un empate técnico, con intenciones de voto que rondan el 11%. En un tercer puesto, el economista de izquierda Alfonso López Chau busca consolidar una tendencia al alza que le permita entrar en la contienda final.
El desafío de gobernar en la inestabilidad
Quien asuma la presidencia enfrentará el enorme reto de romper un ciclo de crisis política. Ninguno de los últimos ocho jefes de Estado ha logrado concluir su mandato constitucional, siendo destituidos o forzados a renunciar. Esta volatilidad institucional se combina con una ola de criminalidad que los analistas identifican como la principal demanda de la ciudadanía.
La seguridad, la gran prioridad del electorado
Dos tercios de los peruanos sitúan la violencia criminal como su mayor inquietud. Las estadísticas oficiales de 2025 registraron 3675 homicidios, la cifra más alta en catorce años. El crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato han generado un clima de extorsión generalizada que afecta a comerciantes, transportistas e incluso a figuras públicas y artistas.
Propuestas extremas para un problema urgente
La campaña ha estado dominada por promesas para combatir la delincuencia, que van desde medidas de seguridad convencionales hasta planteamientos radicales. Rafael López Aliaga, por ejemplo, ha propuesto la construcción de cárceles en zonas selváticas remotas, argumentando que serpientes venenosas como la shushupe actuarían como «barrera natural». Además, promueve el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para habilitar la pena de muerte.
Este tipo de discursos, que algunos expertos califican de populistas, buscan capitalizar el miedo y la frustración de un electorado exhausto. La experiencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su política de «mano dura» resuena en el debate, presentándose como un modelo a seguir para sectores que anhelan soluciones inmediatas.
En las próximas semanas, los peruanos no solo decidirán un nombre, sino que elegirán el rumbo para navegar una de las crisis más complejas de su historia reciente. El resultado definirá el enfoque para enfrentar la inseguridad y, quizás, la posibilidad de recuperar la estabilidad política perdida.