Apenas llegado de sus modestas vacaciones en el Caribe, el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a subir la apuesta, abrazando la agenda represiva de Milei y Bullrich. El objetivo es claro: tomar la delantera nacional en la criminalización de las adolescencias enviando a los menores en conflicto con la ley al penal de adultos Benjamín Paz, un nuevo centro de detención denunciado por condiciones indignas, torturas sistemáticas y la muerte de dos internos a manos del servicio penitenciario.
El «Comisario» Jaldo y su circo de mano dura
Fiel a su estilo demagógico y secundado por el también ex progresista Federico Masso, el “Comisario” Jaldo trabaja a contrarreloj para el traslado de los adolescentes en conflicto por la Ley. Según editoriales de La Gaceta y Letra P, este apodo que refleja su estilo autoritario de gestión de la política, es con el cual se refieren al gobernador desde hace años en su círculo íntimo. Mientras el Instituto Roca evidencia un deterioro por falta de inversiones, el gobierno despilfarra dinero para “maquillar” el Pabellón 8 de una cárcel de máxima seguridad situada a 54 km de la capital. Así, oficialmente el Roca deja de existir y rebautizan a dicho sector con el nombre «Instituto para Menores Cura Brochero». Cumple así el sueño derechista de hace años de destinar el edificio del mencionado instituto a una alcaldía que aloje a los detenidos que son hacinados en comisarías de toda la provincia.
Esta medida se toma con el silencio cómplice de la directiva de ATE -siempre presta a sofocar con métodos patoteriles cualquier intento de organización- que nada hizo para evitar que sus afiliados y los menores sean trasladados a un virtual centro de destierro, violentando el derecho de los adolescentes a mantener vínculos con sus familias y comunidades de origen, agravando así ilegalmente sus penas. Tampoco la Secretaría de DDHH de la provincia emitió ni siquiera un comunicado.
Por más que repitan hasta el cansancio que estarán aislados de la población adulta, tanto sus torpes declaraciones en la prensa como el decreto 112/4 no dejan lugar a dudas de que los menores ocuparán el Pabellón 8, dentro de un penal de máxima seguridad diseñado para adultos. Algo totalmente violatorio de los derechos de los adolescentes, consagrados en múltiples leyes, fallos de las Cortes Provincial y Nacional, de la Constitución y Convenios Internacionales sobre la materia. Pero es más patético que eso: el aislamiento revistirá la forma de paredes de durlock y ¡una lona! para evitar el contacto con la población adulta… Ese es todo el “aislamiento” entre el Pabellón de menores y un Penal que, como veremos, es más parecido a un centro de detención clandestino que a una institución para la reinserción de las personas privadas de su libertad. Y no por la violencia de la población adulta, sino por el brutal régimen institucional imperante.
En medio de la carrera hacia las elecciones de 2027, el Comisario tomó la seguridad como su caballito de batalla mientras la sociedad atraviesa condiciones socioeconómicas cada vez más dramáticas, producto de las políticas de ajuste del FMI y el gobierno nacional que apoya constantemente. De hecho la principal causa de muertes violentas en la Argentina son los suicidios, muchos causados por la desesperación ante la apremiante situación económica que el Comisario demagógicamente prometió combatir, para después no sólo apoyarlas con sus parlamentarios, sino directamente ser pionero en aplicarlas en nuestra provincia, tanto en materia de ajuste y paritarias a la baja, como en la agenda de mano dura.
En la víspera de las sesiones que tratarán un paquete de leyes que incluyen la esclavista reforma laboral o el fin de la ley de protección a nuestros glaciares, en una entrevista hace apenas unos días, Jaldo hizo especial énfasis en aclarar que estaba negociando su apoyo a la “modernización laboral” (todo un eufemismo). Luego remarcó enfáticamente que apoyará la votación de la baja de la edad de imputabilidad de los menores. “Nosotros no sólo que vamos a acompañar esa ley, tanto en Diputados como en Senadores, sino que somos unos adelantados. Porque cuando nosotros hablábamos de transferir todos estos jóvenes [hacia el Penal Benjamín Paz] (…) nos estamos preparando para la Ley de la baja de imputabilidad que vamos a acompañar y que va a salir en el país.”
Y así fue. Esta semana, la demagogia punitiva dio un salto institucional: la Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El alineamiento tucumano fue casi total: desde la ultraderecha hasta el “progresismo” de Javier Noguera, ex intendente de Tafí Viejo, todos votaron a favor de criminalizar a los pibes. Votando en bloque con La Libertad Avanza una ley digna de Nayib Bukele, se consuma una nueva adhesión del kirchnerismo local a la reaccionaria agenda de la ultraderecha. Se ha analizado que Noguera abandonaba las banderas del antimileismo por “presiones contra la intendencia de Tafí Viejo”, en un momento donde se discute la esclavista reforma laboral. Todo indica que Noguera y el Bloque Independencia también claudicarán votando incluso esa vuelta al siglo XIX en materia de derechos para los trabajadores. Lo cual explica su silencio de radio en sus cuentas sociales, donde batalla con fuerza contra las políticas de Trump en Latinoamérica mientras entrega a nuestros adolescentes a la represión punitiva.
Bancarrota total para el progresismo y el kirchnerismo antimileista. Así como Jaldo transa con Milei, adelantándose y compitiendo por la agenda de derecha, en nombre de la defensa de los tucumanos. Noguera, a su vez, se arrodilla ante la agenda de Jaldo en defensa del municipio de Tafí Viejo, gobernado ahora por su esposa Alejandra Rodríguez. Y Federico Masso dice no estar de acuerdo en estar a la derecha de Patricia Bullrich pero que si no lo hace él, lo llevará adelante otro sector más duro y eso será peor… Tal es la patética deriva del progresismo tucumano, todos haciendo fila para abrazar la agenda de la ultraderecha, sin ningún principio ni límite de ningún tipo, mostrando una vez más quién es el que le hace el juego a la derecha, traicionando el mandato de sus votantes y minando la desilusión y la desesperanza. Nunca nos olvidemos: Milei sólo jamás hubiera podido aprobar ni una sola de sus nefastas iniciativas, en este caso contra los trabajadores y los adolescentes.
Las causas penales que involucran a jóvenes sólo representan 0,13%: la mentira de la «Emergencia Juvenil»
El espectacular despliegue mediático de operativos de traslado con detenidos encapuchados, cascos y chalecos antibalas busca ocultar una realidad estadística contundente: en Tucumán se inician unas 70.000 causas penales por año, de las cuales sólo 96 involucran a menores. Es decir, el «peligro juvenil» representa apenas el ¡0,13% de los delitos cometidos en la provincia! (según los datos oficiales de un informe de la Corte Suprema 2024 “El mapa de niños, niñas y adolescentes con intervención penal de la República Argentina”).
La mentira tiene patas cortas, pero en Tucumán tiene botas policiales. Mientras Jaldo y Masso montan un show de máxima seguridad para menores, las cifras oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dejan en ridículo: de las 70.000 causas anuales en la provincia, apenas 96 involucran a menores. Repetimos: ¡es el 0,13%! Están habilitando un pabellón para adolescentes por un problema que no llega ni al 1% de la criminalidad provincial. Es demagogia pura, con una visión totalmente punitiva hacia la juventud. Sólo para alimentar su imagen positiva en las encuestas que lo ubican como el segundo gobernador con mejor imagen del país, un «Jaldei» que gobierna para el aplauso de la tribuna punitiva. El 0.13%, es en términos matemáticos prácticamente nada, equivalente a un error estadístico.
Lo más peligroso aquí es el empoderamiento brutal hacia fuerzas policiales que reprimen, matan, roban y siembran el terror en los barrios. Y en los penales donde planean enviar a los menores no se rehabilita, sino que se castiga con vejaciones, tortura y muerte. Sólo hay que dar un vistazo a los testimonios de familiares, organismos de DDHH y el lapidario informe del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura que presentó el año pasado sobre Tucumán, para darse una idea de lo perverso del sistema. Contrariamente al destino pensado de las cárceles como espacios de resocialización, aquí lo que se busca es el castigo y la mortificación, sin acceso a ningún derecho y montando un show mediático para obtener rédito electoral.
Jaldo lo dice directamente, no quiere que los menores se rehabiliten: “quiero que los menores sientan el rigor”. Federico Masso, que viene de la ex centro izquierda de Patria Libre que formó parte del gobierno de Alperovich, reciclándose como Libres del Sur para apoyar al Cambiemos de Macri y Germán Alfaro, completa otro salto mortal cayendo ahora como cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de Jaldo. Tal es su defección a cualquier tinte progresista o de respeto a los derechos humanos, que según el decreto 112/4 es el mismo quien se sube al caballo del Comisario, pidiendo desde su Ministerio el traslado de los menores al Pabellón 8 del Penal Benjamín Paz, esto queda claro desde los primeros párrafos de dicho instrumento legal.
Un penal con un régimen de vejaciones, torturas y muerte
Trasladar menores a Benjamín Paz no es solo ilegal; es una estigmatización total para un menor el ser enviado a un pabellón dentro del perímetro de dicho establecimiento. El penal ya cuenta con un historial negro:
Víctor Alberto Soria y Sebastián Contreras: dos nombres que el Gobierno intenta olvidar. Soria murió en 2024 tras denuncias de golpizas y torturas; Contreras se consumió hasta perder 15 kilos antes de fallecer también con signos de golpes y torturas.
El régimen de castigo: Según informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en Benjamín Paz impera el aislamiento de 23 horas diarias. Se prohíben libros, fotos, radios y hasta el contacto físico en las visitas (que duran apenas 10 minutos tras una tela). Como denunció Fernando Korstanje -delegado del CNPT sobre el que volveremos más tarde-: es un penal orientado al castigo y la incomunicación. “Ya nació con sobrepoblación. Hay seis camas por celda. Luego viajaron a Merlo para aprender cómo meter más personas en el mismo espacio. Fueron a copiar métodos de hacinamiento. Son 23 horas de aislamiento. No pueden tener papel, ni fotos, ni libros, ni cartas, ni llamadas, ni radio. No hay teléfono fijo. No pueden estudiar ni trabajar. ¿Cómo se supone que alguien así pueda reinsertarse en la sociedad?”
Tan duras eran las condiciones en el presidio, que motivaron una huelga de hambre en Comisarías de la provincia a fines de 2024. La respuesta de Jaldo también fue a lo Bukele: envió a más de 100 de los detenidos que protestaban al penal de Benjamín Paz, donde sufrieron las mismas vejaciones y torturas, todo esto documentado por el Comité contra la Tortura y denunciado por distintos abogados y familiares. Se detalla una práctica perversa que hace notar que más que instituciones de reinserción social, son auténticos centros clandestinos de detención donde no existe ningún derecho y denunciar dichos atropellos puede pagarse con la vida.
Efectivamente según consta en el informe del CNPT, fueron golpeados brutalmente cuando los sacaron de las comisarías, en el traslado (obligados a cantar canciones religiosas para no recibir golpizas), torturados en el penal y sometidos a las vejaciones que denunciaban en solidaridad con sus compañeros. Las prácticas de tortura están documentadas y hasta tienen macabro sapodos que le ponen los propios miembros del Servicio Penitenciario y los grupos especiales que intervienen en la represión y torturas: el “plaf-plaf», golpes en los oídos que pueden terminar con daños severos; el “pata-pata”: golpes con palos en las plantas de los pies, el “avioncito”, el “chanchito o barquito” donde sumergen al castigado atado de sus extremidades en un tacho con agua provocando el ahogamiento. También se denuncia el uso de picana eléctrica y el gas pimienta como instrumentos de tortura (también usado el gas contra vecinos en los operativos de saturación llamados “El Trencito”). Esto se aplica tanto a varones como a mujeres y es un común denominador en todos los centros de detención de la provincia. También se aplicó contra menores como se filtró hace años en videos viralizados por la prensa y las redes sociales. Aquí se puede consultar el informe completo con toda la información y anexos a los testimonios.
Todo esto es conocido por el Gobierno, que permanentemente pone palos en la rueda en los relevamientos de dicho comité al punto que ni siquiera fue plenamente integrado por los legisladores que deberían tomar parte. Jaldo contesta subiendo la apuesta: “me gustaría que el comité también hable con las víctimas”. Un solo hecho prueba la importancia que el Estado le da a dichos informes. El propio delegado del Comité y docente de Filosofía y Letras, Fernando Korstanje, fue recibido con una trompada ante su insistencia para realizar una inspección en la Comisaría 1ra de San Miguel de Tucumán en 2024, donde hay plaza para 20 detenidos pero alojan a más de 100.
El propio Federico Masso recibió la visita de miembro de dicho Comité contra la Tortura apenas en noviembre de 2025, siendo anoticiado en persona de estas gravísimas denuncias. Su respuesta llega en enero: hacerle el juego a Jaldo con el ilegal pedido desde su Ministerio para enviar a los adolescentes conflictivos a un pabellón dentro de ese mismo penal…
La respuesta a la denuncia de los familiares por esos brutales traslados y torturas en Benjamín Paz fue nuevamente con amenazas de Jaldo a lo Bukele: “Tenemos 400 camitas más esperando” y también con trasladarlos a penales a miles de kilómetros de sus familias en Ezeiza y en Chubut. Ambas amenazas se hicieron efectivas: castigando de manera totalmente ilegal con el destierro y la destrucción de los vínculos familiares a quienes se animen a denunciar esta brutalidad en sus medievales instituciones de encierro. El traslado, por supuesto, también viene con su correspondiente teatralización espectacular para los medios y redes sociales. Los detenidos así se convierten en rehenes del Estado para que las familias se resignen y desistan de denunciar tamaña barbarie a la que son sometidos los detenidos y sus parientes. Tucumán es una de las provincias con mayor índice de hacinamiento en sus lugares de detención y también líder en las cifras de personas muertas en establecimientos penales y comisarías.
Tan escandalosas son las condiciones del Penal y los traslados con toda la parafernalia que estamos denunciando que en un acto que podemos calificar de bizarro, la oposición local libertariana intentó caranchear comparando al Penal de Benjamín Paz con el Helicoide venezolano; lo que generó un chisporroteo con el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. Justamente el gobierno que reprime jubilados, discapacitados y banca al genocidio en Israel, entre otras perlas.
Por supuesto esto está generando el repudio de organismos que fueron recibidos por el “Sargento” Masso, quién no dio una sola respuesta más que escucharlos y admitir con cínica resignación que era mejor que todos estos cambios se den bajo su dirección. Los párrafos más importantes de los cuestionamientos, muchos de los cuales son abordados este artículo, son los siguientes: “La cárcel de Benjamín Paz fue pensada para adultos, diseñada arquitectónicamente para adultos, esto condiciona absolutamente la perspectiva desde donde se piensa el abordaje: es incompatible con una perspectiva socioeducativa en materia de niñez. (…) El traslado de niños y adolescentes del Instituto Roca a Benjamín Paz, constituye una agravamiento de las condiciones de alojamiento de los adolescentes. Trasladarlos a kilómetros de su centro de vida impacta negativamente en el sostenimiento de vínculos familiares mediante visitas, y la posibilidad de mantener vínculos con sus comunidades de origen”
Ver placas de No a la Baja – Agencia ANITA
¿»Se acabó la impunidad»?
El discurso de Jaldo hace agua por todos lados y muestra su cinismo sin límites: mientras da mensajes de mano dura para los civiles que cometan delitos (ahora incluyendo a menores, aunque sólo sean el 0.13%) empodera cada vez más a las fuerzas represivas. Quienes sí tienen licencia para matar, robar, torturar y aterrorizar a la población, dentro y fuera de los penales. Este es el caso de los operativos de saturación en barrios populares y contra trabajadores y artistas callejeros conocido como “El Trencito”. Su nombre oficial es “Ciudad Segura”, fue denunciado internacionalmente con actos de violencia desbocada incluso contra niños y mujeres embarazadas: irrupción en domicilios sin orden de allanamiento, robo y destrozo de motos, celulares y otras pertenencias, ataques sexuales hacia los detenidos (algo habitual por supuesto en lugares de encierro) y hasta una muerte por infarto en medio de esos operativos, todo corroborado por testimonios e informes del Comite Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin mencionar el gatillo fácil policial donde la Justicia actúa a gusto del gobierno con una seguidilla de casos que quedan en la total impunidad.
El propio Artículo 18 de la Constitución (¡escrita en de 1853!) es tajante: «Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo». Jaldo hace todo lo contrario: busca la “mortificación” y el “rigor”. El texto donde Federico Masso le pide a Jaldo trasladar a los menores es inconstitucional de origen: no se puede alojar menores en un predio diseñado y gestionado para adultos de máxima seguridad sólo por el deseo personal del gobernador de “que sientan el rigor”. Mucho menos con los terribles antecedentes de las terribles condiciones en el sistema penal para adultos, particularmente en la cárcel de Benjamín Paz.
La media sanción de la reforma laboral esclavista y la baja de la edad de imputabilidad son las dos caras de una misma moneda: un futuro de miseria y encierro para la juventud. Jaldo y sus parlamentarios (incluidos los que se dicen opositores pero votan con el oficialismo como Noguera) han decidido que el «rigor» sea la única política pública. En las últimas horas, la organización ANDHES presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo exigiendo que se prohíba el traslado. Denuncian que Benjamín Paz es incompatible con un abordaje socioeducativo y que el traslado constituye un agravamiento ilegal de las condiciones de detención, desterrando a los jóvenes de sus vínculos familiares.
Las leyes por supuesto, son letra muerta para la mayoría de la población trabajadora, especialmente para los sectores más empobrecidos. Como rezaban Solón y el Martín Fierro: “la ley es una telaraña, los pequeños quedan atrapados y los poderosos la hacen pedazos”. Lo que decide en todos los casos es la relación de fuerzas. Debemos enfrentar con todo esta peligrosa deriva autoritaria, esta perversa demagogia criminal realizada por mero cálculo electoral.
Es el uso del Estado para quebrar a los más vulnerables mientras los verdaderos problemas estructurales de la provincia siguen sin respuesta y a nuestra juventud le hipotecan el futuro. Mientras tanto se desfinancian programas de prevención de consumo problemático (que no llegan a 100 camas en toda la provincia, mientras el narcotráfico goza de la connivencia con la Policía y otros sectores del Estado) y de reinserción o ayuda a las familias.
Ante la claudicación total de supuestos opositores ante la agenda de la derecha, el camino es la lucha en las calles y la resistencia cuando intenten aprobar estas nefastas modificaciones con graves consecuencias para los trabajadores y la juventud. Lo vimos en las enormes movilizaciones el día de la votación en el Congreso y también en la campaña militante que desplegó la izquierda y que debemos redoblar estos días, no solo por estas reformas sino para enfrentar lo que se viene, contra toda resignación y pacto contra la agenda del FMI y los entregadores locales.