La Causa conocida como la de «Los cuadernos de la corrupción» avanza y los empresarios involucrados en este mega escándalo buscan salvarse.
La clave se encuentra en el artículo 59º, inciso 6º del Código Penal, que afirma, que la «acción penal se extinguirá:1) Por la muerte del imputado; 2) Por la amnistía; 3) Por la prescripción; 4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada; 5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes.
Causa Cuadernos: empresarios buscan salvarse pagando con dinero y yates
Al sexto punto es la esperanza a la que se aferran algunos de los empresarios nacionales más conocidos del país que se involucraron en sobornos, confesados por algunos de ellos, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación en los tribunales federales de Comodoro Py se basó en los cuadernos anotados por el chofer Oscar Centeno, donde detallaba los pagos de supuestos sobornos realizados no solo durante los gobiernos de Cristina sino también de Néstor Kirchner, por contratistas del Estado a funcionarios del ministerio de planificación que conducía, entre otros importantes exfuncionarios, Julio De Vido.
Hoy, los hombres de negocios se juegan una de sus últimas fichas para no afrontar el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre y que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusan de encabezar una asociación ilícita que se dedicaba recaudar fondos mediante sobornos obtenidos de empresarios dedicados a la obra pública. Más de 600 testigos deberán declarar durante el juicio oral donde hay 74 acusados sentados en el banquillo de los acusados.
De esos 74 procesados, hay cerca de 40 empresarios que están intentando quedar afuera de la causa de los cuadernos de la corrupción a cambio de una reparación integral por el daño producido que está tipificado en el apartado 6º del artículo 59º señalado más arriba.
Ofrecen desde yates y autos hasta dinero, y propiedades en el exterior que en su totalidad superan los siete millones de dólares. Estos empresarios que intentan esta alternativa fueron convocados por los jueces del tribunal federal oral N.º 7, Fernando Canero, Enrique Méndez Signorini, y Germán Castelli, que tomarán nota de las ofertas realizadas.
Ahora bien, en medios judiciales trascendió que hay una parte acusatoria involucrada que, en principio, no estaría para nada de acuerdo con este intento de reparación.
La fiscal del caso, contundente: aseguró que los montos ofrecidos son «patéticos»
La fiscal Fabiana León fue escuchada por el Tribunal de Justicia y fue contundente. Se opuso categóricamente a este intento, teniendo en cuenta algunos antecedentes en otras causas en las que no se mostró favorable a este tipo de arreglos.
El caso del ex titular del PAMI durante la gestión kirchnerista, Luciano Di Cesare, es un ejemplo. Obtuvo más de 1,3 millones de pesos por vacaciones no gozadas a pesar de no tener derecho a ellas. El funcionario fue procesado y ofreció una reparación dineraria admitida por el PAMI, pero no por la fiscal León, que se opuso y su decisión fue refrendada por la Cámara de Casación.
Pero, además, consideró como «patéticos» los montos ofrecidos para intentar arreglar. Algo que no hizo cuando sucedió el caso del ex titular del PAMI y sostuvo que, si se los dividía por los doce años que lleva la investigación, resultaban «ridículos».
Los montos y la envergadura de las causas comparadas que se solucionaron con esta fórmula no son asimilables, por ello es muy posible que la solución que proponen muchos de los empresarios procesados y, algunos de ellos, arrepentidos, no llegue a buen puerto. El martes 16 de septiembre, el tribunal escuchará a las defensas antes de volver a deliberar.
Entre los empresarios que confesaron los sobornos se encuentran: Alberto Taselli, empresario del sector energético; Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio; Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora Iecsa; Armando Loson, integrante del grupo Albanesi; Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción; Enrique Pescarmona: integrante del grupo Impsa; Claudio Glazman: integrante del grupo Roggio; Gabriel Pedro Losi, presidente de LOSI S.A.; Héctor Alberto Zabaleta: exdirectivo de Techint; Héctor Javier Sánchez Caballero: integrante de Iecsa; Jorge Balan y Jorge Neira, integrantes del grupo Electroingeniería; Juan Carlos de Goycoechea; integrante de la constructora Isolux; Juan Chediack, expresidente de la Cámara de la Construcción; Marcela Sztenberg, accionista de Equimac S.A.y Rodolfo Armando Poblete; integrante el grupo Romero.
Precisamente, el empresario Benjamín Gabriel Romero, de la empresa EMEPA, ofreció este viernes la suma de $510.298.166 como monto de «reparación integral» para extinguir la acción penal en su contra y evitar el juicio oral en la Causa Cuadernos. Este ofrecimiento se da a pesar de que Romero, en su momento, confesó como arrepentido el pago de coimas por u$s600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión del balizamiento de la Hidrovía.
Otro importante empresario, Enrique Pescarmona, ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos y su abogado Marcelo Nardi explicó que la empresa de Pescarmona, Impsa, «no solo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia, sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández».
En tanto, el empresario Armando Roberto Loson, titular del Grupo Albanesi, formalizó una oferta de $181.236.691,18 como «reparación integral» para extinguir la acción penal en su contra y evitar así el juicio oral.
Otros empresarios que pidieron la extinción de la acción penal por reparación integral y que ofrecieron los embargos que tienen dictados en la causa actualizados por inflación, se encuentran los casos de Mario Rovella, con 732 millones de pesos o los 826 millones que ofertó Julio Paolini, mientras que también ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.
Ahora bien, la reparación tuvo gusto a poco para la fiscal León. Si bien el tribunal tendrá la última palabra acerca de estos ofrecimientos «reparadores» acerca de lo que constituyó uno de los escándalos empresariales más relevantes de la Argentina, tomará debida nota de los argumentos de la funcionaria del ministerio Público Fiscal que planteará que el daño producido no se arregla solo con plata.