La Justicia determinó este miércoles revocar la posición de querellante del Ministerio de Salud de la Nación en la causa que investiga la muerte de al menos 96 personas que recibieron fentanilo contaminado como sedante en distintos hospitales y clínicas del país.
Según información transmitida por fuentes judiciales a este medio, los responsables de la investigación consideraron que la revocación corresponde por la potencial “posición contradictoria en el proceso, dadas las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional”. Consultados por Clarín, desde el ministerio dijeron que no estaban al tanto de esta medida y que siguen siendo querellantes.
La decisión judicial ocurre en un contexto bastante revolucionado. Por un lado, por la detención en la noche del miércoles de 10 personas ligadas a los laboratorios productores de la droga, HLB y Ramallo (entre los que se destaca Ariel García Furfaro).
Por otro, la repentina salida de funciones de Gabriela Mantecón, desde ahora ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las “alas” de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y, al mismo tiempo porque, en un documento reciente, el Ministerio Público Fiscal le indicó al juez federal Ernesto Kreplak (a cargo de la causa del fentanilo desde mayo) hacer un giro en la investigación, con miras a reforzar la búsqueda de posibles fallas, connivencias o hasta complicidades de parte de los organismos de control de los laboratorios y los medicamentos.
Así, no queda bajo la mira la propia responsable de la ANMAT, Agustina Bisio, sino también esferas superiores dentro del propio ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones, quien hace unos días viene recibiendo duros cuestionamientos -de parte de comunicadores especialmente afines al mileismo-, que le reprochan su mantenimiento en el cargo, en medio de este escándalo.
Quitado el Ministerio de Salud de su rol de querellante, quedan en ese rol, además de familiares de algunas de las víctimas, el Hospital Italiano de La Plata (el primer denunciante de muertes por fentanilo contaminado), la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe (jurisdicción que recibió y administró la mayor cantidad de ampollas de fentanilo adulterado) y un particular: el empresario Carlos Tita, dueño de un grupo que condensa tres centros de salud santafesinos, y una de las dos personas que le vendió la droguería Alfarma al propio Ariel García Furfaro.
AS
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