Giselle Castelnuovo ocupa el décimo puesto en la lista libertaria de la Provincia. Además, a través del la Subsecretaría de Asuntos Políticos, maneja la la Dirección Nacional Electoral. «Es raro, desprolijo que sea candidata. Nunca se hizo algo así», rechazó un ex funcionario macrista.
La DINE es el organismo que se encarga del financiamiento partidario y de las campañas nacionales. La dirección depende directamente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos que conduce Castelnuovo. Ella es la jefa de Luz Landívar, titular de la DINE.
Ambas trabajan juntas y se las pudo ver en varios encuentros durante la presentación de la Boleta única. Se reunieron el 13 de agosto con jueces federales para coordinar «aspectos logísticos» planificar «el despliegue del operativo electoral, con especial énfasis en la implementación de la Boleta Única Papel», según informaron desde el gobierno.
«No puede estar de los dos lados del mostrador, debería renunciar», le dijo a LPO un diputado del peronismo. Explicó que existe un consenso para que no pueda darse esa situación: «Cuando Randazzo iba a ser candidato, sacaron a la DINE del Ministerio del Interior, pasó lo mismo con Wado De Pedro. Incluso con lo baja que está la vara del gobierno, debería dejar su cargo», analizó.
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Castelnuevo trabajó en los equipos de Jorge Landau cuando fue apoderado del peronismo y en el macrismo se sumó a los equipos de Adrián Pérez.
En su rol de titular de Asuntos Políticos, Castelnuovo tendría acceso a sorteos de espacio en la boleta y espacio de publicidad que solo están abiertos a los apoderados de los partidos, incluso a los datos del escrutinio definitivo antes que el resto de los partidos. Y de manera indirecta controlará los aportes de campaña.
«Técnicamente no está entre las incompatibilidades. Pero es si miras solo la letra, hay que mirar el espíritu de las normas, resulta obvio que cualquier funcionario ligado a lo electoral no debería ser candidato y a la vez funcionario», rechazó un dirigente del PRO.
No es la única opinión: «La Dirección Nacional tiene funciones reguladas por ley, no hay decisiones políticas», explicó un ex funcionario que trabajó en el Ministerio del Interior durante la década del 2000.