En medio de la crisis política que genera la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el peronismo explora distintos proyectos que pueden herir sensiblemente al Gobierno mientras espera una definición sobre los vetos al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que fueron aprobados por amplía mayoría de las cámaras aunque en Diputados no alcanzó los dos tercios de sus miembros.
El bloque que comanda José Mayans tiene previsto reunirse la próxima semana, después del receso invernal, con una agenda abierta que incluye no sólo los temas legislativos sino también los políticos ya que en las elecciones de octubre deberá renovar 14 bancas y todos buscan un nuevo mandato de 6 años.
Pero mientras el tiempo corre, la atención está puesta en los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia del hospital Garrahan que serán tratados en Diputados en una sesión pedida para el 6 de agosto. Si se aprueban pasarán al Senado. Además en esa reunión se emplazará al oficialista José Luis Espert para convoque a la comisión de Presupuesto para que arranque con el tratamiento de los proyectos que otorgan más fondos a las provincias y que tienen media sanción.
En medio de este escenario Milei formalizará los anunciados vetos contra el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El peronismo tiene la mirada está puesta en cómo jugarán los gobernadores y si prestarán sus diputados para que el Gobierno consiga el tercio necesario que permita sostener los vetos.
En tanto, sobre estas propuestas aprobadas por el Senado que promueven una reglamentación sobre el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hace coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos, en el peronismo advierten que al momento de decidir avanzar en el Congreso con las iniciativas estaban todos los gobernadores.
«Si aflojan ahora pierden credibilidad porque la distribución de los adelantos es un mínimo de 3 % de los ATN y el impuesto a los combustibles reemplaza las asignaciones específicas», fundamentó un senador quien advirtió que al Gobierno no le cierran los números financieros y por eso rechaza las iniciativas.
Mientras aumentan las tensiones en el binomio presidencial al peronismo le urge atender los temas institucionales y en ese rubro dos temas son excluyentes: resolver el conflicto del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Está claro que la principal fuerza opositora quiere avanzar antes del recambio parlamentario.
La ley de Consejo de la Magistratura aprobada durante el kirchnerismo en 2006 fue declarada inconstitucional por la Corte, que ante el fracaso del Congreso de dictar una nueva norma terminó restituyendo la legislación sancionada en 1997 y se pasó de 13 a 20 los miembros del organismo otorgando la presidencia al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Por el momento no dejaron trascender cuál sería el proyecto impulsado desde Unión por la Patria o si la intención es volver a la anterior composición del órgano encargado de seleccionar a los jueces y fiscales.
El peronismo presiona por la ampliación de la Corte
En lo que tiene que ver con la Corte, el peronismo mantiene abierto el debate sobre el número ideal para su ampliación. En su momento apoyaron la propuesta del salteño Juan Carlos Romero, quien propone un tribunal de 7 miembros, pero los K quieren que 3 de los jueces sean mujeres y obviamente quieren tener participación en la elección de los candidatos.
Aunque también entienden que la opción de una Corte de 9 miembros aportaría «una visión más amplía» y las tareas quedarían divididas en tres ternas, lo que podría acelerar los tiempos del tribunal. Actualmente hay un propuesta de la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, que plantea una Corte de 9 jueces y no debe haber más de 5 miembros del mismo género.
El Senado ya arrancó con el debate en comisión sobre la reforma de la integración del máximo tribunal luego de que cayeran los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes habían sido propuestos para la Corte. Sin embargo, ambos candidatos fueron rechazados luego de que Milei los designara por decreto en comisión ante la demora de la Cámara Alta.
No obstante, las tensiones entre el Presidente y su vice hacen poco probable que se pueda avanzar hacia una propuesta consensuada para normalizar el funcionamiento del máximo tribunal. Además, Javier Milei ya había dejado trascender su intención de postergar este debate hasta por lo menos después de las elecciones de octubre, cuando el oficialismo espera reforzar su presencia en el Congreso.
A todo esto se agrega la intención del kirchnerismo de frenar la privatización de Aysa. En paralelo a la propuesta presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz, el senador Eduardo «Wado» de Pedro también presentó un proyecto de ley para blindar la empresa y ratificar el control estatal.
En el Senado, la oposición también sugiere estar atentos a lo que ocurra el 7 de agosto cuando las organizaciones sociales y la CGT se movilicen en rechazo al gobierno de Milei. Pero, por lo pronto, en la Cámara Alta no está prevista ninguna sesión antes del 20 de agosto.