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La historia de YPF desde su privatización en los años 90 hasta el acuerdo con Chevron es un relato de transformaciones profundas en el sector energético argentino, marcado por decisiones políticas y económicas que han tenido un impacto significativo en la soberanía energética del país.
Privatización de YPF en los 90
En la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, se llevó a cabo la privatización de YPF, la empresa estatal de energía de Argentina. Esta decisión fue parte de un proceso más amplio de reformas neoliberales que buscaban reducir el rol del Estado en la economía y atraer inversiones extranjeras. La privatización de YPF fue vista como una entrega de los recursos estratégicos del país a intereses privados, tanto nacionales como internacionales. Este proceso fue criticado por sectores de la izquierda y movimientos sociales que denunciaron la pérdida de soberanía energética y el impacto negativo en el desarrollo económico del país.
Durante los años en que Repsol estuvo al frente de YPF, la empresa española fue acusada de vaciar la compañía, priorizando la remisión de utilidades a su casa matriz en lugar de invertir en la exploración y desarrollo de nuevos pozos en Argentina. Se estima que Repsol giró casi 14 mil millones de dólares en concepto de utilidades, lo que permitió a la empresa expandir sus negocios en otros países mientras descuidaba las reservas en territorio argentino. La ganancia neta de Repsol, descontando lo que invirtió en la compra de YPF, fue de aproximadamente 8 mil millones de dólares.
Los Eskenazi y los Kirchner
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la familia Eskenazi adquirió una participación significativa en YPF. Este movimiento fue facilitado por un acuerdo que permitió a los Eskenazi comprar acciones de la empresa sin desembolsar dinero inicialmente, utilizando los dividendos futuros para pagar la compra. Este acuerdo fue objeto de controversia y críticas, ya que se consideró que beneficiaba a un grupo empresarial cercano al poder político en detrimento del interés público.
La relación entre los Kirchner y los Eskenazi fue vista como un ejemplo de la connivencia entre el Estado y ciertos grupos empresariales, lo que generó desconfianza y críticas desde sectores que abogan por una gestión más transparente y orientada al interés público.
Reestatización y el Acuerdo con Chevron
En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner decidió reestatizar el 51% de YPF, argumentando la necesidad de recuperar el control sobre los recursos energéticos del país. Presentada por el gobierno de Cristina Kirchner como una medida de «soberanía hidrocarburífera», fue en realidad una recompra del 51% del paquete accionario de la empresa a Repsol. Esta operación no implicó una expropiación integral de los recursos y la infraestructura, ya que el 83% de la producción de petróleo y el 88% del gas continuaron en manos privadas, principalmente de empresas imperialistas
Adicionalmente, en 2013 YPF firmó un acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo. Este acuerdo fue criticado por su falta de transparencia (cláusulas secretas) y por las condiciones favorables otorgadas a Chevron, que incluían exenciones fiscales y garantías legales. La izquierda, incluyendo al PTS, denunció este acuerdo como una continuación de la política de entrega de recursos a multinacionales, en lugar de desarrollar una política energética soberana y sustentable.
Respecto de los hechos más recientes, el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska en el caso de YPF ha sido calificado como una injerencia inaceptable sobre la soberanía nacional por Myriam Bregman, una de las figuras destacadas del PTS. Bregman expresó su repudio al fallo y afirmó que las estafas no deberían pagarse, sugiriendo que lo que ya se llevaron es «de arriba» debido a la privatización de YPF. Esta postura refleja una crítica contundente hacia el fallo judicial y su impacto sobre la soberanía argentina
Desde el PTS y La Izquierda Diario, se ha mantenido una postura crítica frente a la gestión de YPF y las políticas energéticas en general. Se argumenta que la privatización y los acuerdos con multinacionales han beneficiado a un pequeño grupo de empresarios y políticos, mientras que el pueblo argentino ha sufrido las consecuencias de la pérdida de soberanía y el deterioro de los servicios energéticos. Se propone una gestión estatal de los recursos energéticos bajo control de los trabajadores y la comunidad, como parte de un plan más amplio de desarrollo económico y social que priorice el bienestar de las mayorías populares.
En resumen, la historia reciente de YPF refleja las tensiones entre intereses privados y públicos en la gestión de los recursos estratégicos de Argentina. Las decisiones tomadas en las últimas décadas han tenido un impacto duradero en la economía y la política del país, y continúan siendo objeto de debate y movilización social.
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