Las imágenes de un grupo arrojando bosta en la puerta de la casa de José Luis Espert en San Isidro circularon rápidamente por redes y canales de noticias. El episodio, que a primera vista parecía un acto de provocación menor, derivó en un operativo judicial con varias detenciones, allanamientos y acusaciones cruzadas de persecución política.
Por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron múltiples allanamientos en domicilios particulares y en dependencias del municipio de Quilmes. El operativo se enmarca en la investigación por el ataque contra la vivienda del diputado liberal, en el que militantes habrían arrojado excremento y colgado un pasacalle con insultos dirigidos a Espert.
Según confirmaron fuentes judiciales, los detenidos fueron identificados a partir de cámaras de seguridad de la zona y se les imputa el delito de daños y amenazas. Entre las personas demoradas figura Alessia, una joven militante que ya se encuentra detenida en Ezeiza (está a cargo de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres bonaerense), y Eva Mieri, secretaria de Mujeres y Diversidades de Quilmes, quien se encuentra incomunicada desde hace horas, según denunció Mendoza.
La reacción política no tardó en llegar. La intendenta de Quilmes se pronunció en sus redes sociales denunciando el operativo como un intento de disciplinamiento de la militancia opositora al gobierno nacional. En un extenso hilo en X, Mendoza criticó la medida judicial, considerándola un atropello al estado de derecho:
“Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes.”
La jefa comunal denunció además la incomunicación de Mieri, a quien describió como víctima de una causa armada. En otro textual, remarcó:
“Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas.”
Para Mendoza, la investigación judicial carece de sustento real y es parte de un esquema de persecución política. En su posteo, aseguró: “Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de ‘la investigación’ que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado @jlespert.”
La intendenta vinculó el operativo a un intento de amedrentar y paralizar a la militancia kirchnerista: “No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar.”
Finalmente, Mayra Mendoza cerró su mensaje con una descalificación directa hacia Espert, acusándolo de cobardía y anticipando que la disputa será en las urnas:
“ESPERT: Deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancas, ¡nos vemos en las urnas!”
Por su parte, el diputado liberal no emitió declaraciones públicas tras los allanamientos, pero días atrás había calificado el ataque con bosta como un “acto de vandalismo típico del kirchnerismo que busca intimidar, pero no lo va a lograr”.
El trasfondo político
El episodio no es aislado. Se produce en un contexto de máxima tensión entre La Libertad Avanza y el peronismo bonaerense, donde Quilmes funciona como bastión del kirchnerismo duro. Espert, actualmente diputado por la provincia de Buenos Aires, mantiene un enfrentamiento público con Mayra Mendoza, a quien acusa de utilizar fondos municipales para financiar militancia política.
Desde el oficialismo local interpretan que el despliegue judicial responde a la estrategia nacional de disciplinar a dirigentes y militantes opositores a Javier Milei. “Buscan un efecto ejemplificador: meter miedo para que nadie se atreva a protestar”, señalaron desde el entorno de Mendoza.
En cambio, desde la Justicia sostienen que los delitos investigados son claros: daños a la propiedad privada, amenazas y coacción. El hecho de que se tratara de bosta en lugar de pintura u otros elementos no modifica el tipo penal. “No es un tema de militancia, es un delito contra la integridad de la vivienda y la tranquilidad de la familia”, indicaron fuentes judiciales.
La causa seguirá avanzando esta semana con nuevas declaraciones indagatorias y posibles pedidos de prisión preventiva. Mientras tanto, el municipio de Quilmes evalúa convocar a manifestaciones en respaldo a las detenidas, bajo la consigna de que “la protesta no es delito”.
por R.N.