En sendos fallos, la Corte confirmó este jueves condenas para la mano derecha de la líder social K Milagro Sala, un ex intendente de Salta, y una docente de Chubut por cortar rutas a la vez que reabrió la investigación contra un diputada radical de Entre Ríos en la causa conocida como “Contratos Truchos».
Por un lado, el máximo tribunal desestimó el último recurso y dejó firme la condena a dos integrantes de Organización Tupac Amaru, que lideraba Milagro Sala, por el delito de robo en poblado y en banda. Se trata de Mirta Rosa Guerrero, conocida como Shakira, y de Patricia Evangelina Jaldin, quienes recibieron penas de tres años y tres meses de prisión efectiva por el robo al equipo de Jorge Lanata en 2012, cuando se dirigieron a Jujuy para realizar una investigación sobre la Tupac Amaru.
Un hombre se presentó como encargado de seguridad, les pidió que se retiraran y les advirtió que debían gestionar un permiso ante Milagro Sala para poder filmar. Como los periodistas seguían con su labor, Guerrero y Jaldín intentaron impedir esa tarea por la fuerza. Los hombres de prensa se subieron entonces a su vehículo, ocasión en la que las mujeres junto a ocho personas le quitaron la cámara de filmación. Luego se las devolvieron, pero sin la unidad de almacenamiento que contenía material filmado.
El caso llegó a juicio en 2017. La fiscalía pidió cuatro años y medio de cárcel y las defensas reclamaron la absolución. El Tribunal en lo Criminal N° 3 de la provincia de Jujuy, integrado por los jueces Alejandra Tolaba, Mario Puig y Antonio Llermanos, condenó a las dos mujeres a la pena de tres años y tres meses de prisión –de cumplimiento efectivo- como autoras del delito de robo en poblado y en banda.
La decisión fue confirmada por la Cámara de Casación Penal provincial y la Sala Penal del Superior Tribunal de la provincia. La defensa intentó que el caso fuera revisado por la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La presentación fue desestimada y la condena quedó firme.
Tanto “Shakira” Guerrero como Jaldin enfrentaron más acusaciones penales en el marco de otros procesos que se habrían cometido cuando integraron la agrupación de Milagro Sala. Junto a otras dos personas, Shakira quedó registrada en las cámaras de seguridad del Banco Nación desde donde la cooperativa Pibes Villeros retiró $14 millones en San Salvador de Jujuy, el día antes de la asunción de Mauricio Macri. Fue condenada a seis años de prisión por “asociación ilícita y fraude a la administración pública”. En 2018 y después de pasar dos años y medio en la cárcel, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria después de una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que denunció que fue víctima de maltratos en el Penal de Alto Comedero.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se siga investigando a un ex diputado radical Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. Lo hizo al hacer lugar al pedido de la Procuración General de Entre Ríos y revocar una sentencia que había dictado el sobreseimiento.
El principal argumento de la justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local.
La Corte hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se remitieron a sus votos en la causa «Price», en donde se establece que las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal. El presidente de la Corte Horacio Rosatti, por su parte, señaló que las cuestiones eran análogas a las tratadas y resueltas en su voto del fallo «Seccional Cuarta». Los tres coincidieron, sobre esos lineamientos, en hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.
La causa investiga la presunta sustracción de fondos públicos por parte de Ricardo Troncoso en su carácter de diputado provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos desde el diciembre de 2015 hasta el 20 septiembre de 2018. La denuncia fue motorizada por Carlos Cozzi, exempleado del diputado, que aseguró en un programa de televisión que el legislador se quedaba con el 70% de su salario.
La maniobra se habría llevado adelante mediante la suscripción de contratos de obra con Carlos Gabriel Cozzi, María Isabel Ruíz, Carlos Goyeneche, Silvano Acosta, Alexis Bolsan, Maira Perlo, Orlando Zalazar y Pablo José Zalasar. Pero, en realidad, la prestación nunca existió y así se confeccionaron cheques por pago, en algunos de los cuales se falsificaba la firma para endosarlos a fin de poder ser cobrados por Ruiz o Cozzi. Según la fiscalía, de esta manera Troncoso retenía para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los contratos en concepto de honorarios o hacía que las personas contratadas le prestaran servicios personales.
Pero en medio del trámite la defensa de Troncoso planteó que la causa debía cerrarse porque se habían vencido los plazos previstos en el artículo 223 del código local para sustanciar la investigación. El 20 de mayo de 2022, la jueza de Garantías de Paraná dispuso el sobreseimiento para Troncoso y lo extendió a Blasón Lorenzatto.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso y validó el avance de la investigación penal contra Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente de la localidad salteña de San Lorenzo acusado de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La defensa de Gonza cuestionaba la decisión de la Sala II del Tribunal de Impugnación de la provincia de Salta. Buscaba la nulidad absoluta del requerimiento de elevación a juicio, la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y la oposición el requerimiento fiscal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La acusación de la Fiscalía sostuvo que Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa El Montañez que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la construcción de una alcantarilla sobre la calle Belgrano de San Lorenzo y casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.
El expresidente del Concejo Deliberante, Juan Dávalos, fue uno de los denunciantes en varias causas contra Gonza. En el juicio oral que se hizo en 2022, Dávalos explicó que, en diciembre de 2011, en el último día de mandato de Gonza, se «liberaron cheques a una supuesta empresa El Montañez que hizo un puente (la alcantarilla), para vaciar la municipalidad». Afirmó que se presentaron a cobrar cheques endosados el hermano del ex intendente, Aldo Gonza, y el entonces secretario de obras públicas, Rodolfo Armando, y también las parejas de ambos.
Por otra parte, a Corte Suprema de la Nación rechazó un recurso por cuestiones formales y dejó así firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para una docente que había participado en las protestas en 2019 en la provincia de Chubut en reclamo del pago de salarios atrasados y protestas gremiales.
Se trata de Estela del Valle Juárez, quien vive desde hace 30 años en la ciudad de chubutense Sarmiento y trabajaba en escuelas primarias como maestra de grado y en escuelas secundarias como profesora de lengua. En ese momento se desempeñaba como secretaria general de la regional Suroeste de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut). En 2019, el gobierno de Chubut desdobló el pago de los salarios a docentes y estatales, lo que derivó en movilizaciones, cortes de ruta y bloqueos a pozos petroleros.
Del Valle Juárez quedó acusada en una causa penal cuando se le atribuyó haber protagonizado el 24 de septiembre de 2019, junto a una veintena de personas, un corte total en la ruta 26, altura kilómetro 133, durante varias horas, impidiendo la normal y habitual circulación tanto de vehículos particulares como de medios de transporte de pasajeros y de carga. En ese momento reclamaban por el pago de salarios adeudados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.
Fue procesada y enviada a juicio por el delito de “entorpecimiento del transporte”. Su defensa, junto a organizadores sociales y gremiales, lo consideraron una causa en donde se buscaba criminalizar la protesta social.