Tras el rechazo del Senado a su pliego, el juez Manuel García Mansilla, designado por decreto para integrar la Corte Suprema, renunció este lunes a su cargo a través de una carta dirigida al propio presidente Javier Milei, en la que denunció el «grave problema institucional» por la falta de miembros en el máximo tribunal, a la vez que aseguró que la Cámara alta tardó en tratar su nombramiento por «mera especulación política».
El magistrado fue designado por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, por lo que permaneció durante 40 días en el cargo. La semana pasada, su pliego fue rechazado por 51 votos en contra y 20 a favor en el Senado. Su postulación cosechó el sufragio negativo de los tres bloques kirchneristas y el grueso del radicalismo. Solo tuvo el apoyo de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO, dos radicales y algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional.
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En ese contexto, este lunes presentó una carta donde, además de renunciar, fundamentó su decisión inicial de formar parte del máximo tribunal. «Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente», manifestó al inicio de la misiva a la que accedió PERFIL.
Al respecto, sostuvo que el tribunal viene funcionando desde el 29 de diciembre de 2024 con solo tres miembros, siendo que una de las vacantes tenía «ya más de tres años», situación que consideró “sorprendente” y que agravó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, justificó.
En ese sentido, opinó que es una creencia «errónea» que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces: «Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal«. De esa manera, enumeró una serie de factores, comenzando con que «el funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal». Al respecto, manifestó que los casos que se resuelven no se condicen con «la cantidad y el ritmo» que exige el tribunal ni «con la coherencia técnica con que se lo puede hacer cuando está integrada».
Según el magistrado, con el tiempo, esa demora no solo afecta el trabajo de la Corte, sino también la vida de los ciudadanos que esperan una decisión judicial. «A partir de la ilusión de creer que el Tribunal está funcionando con cierta normalidad, se pierde de vista que eso es una mera apariencia y así se acumulan problemas sin resolver (…) No es casualidad que, por este y otros motivos, al día de la fecha la Corte Suprema tenga unos 90.000 expedientes pendientes de resolución«, argumentó.
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Sumado a esto, planteó que «la errónea creencia de que el Tribunal puede funcionar de esta forma ayuda a sostener una actitud de verdadera indolencia e indiferencia de algunos sectores de la política«. «Por sostener esa creencia, se termina soslayando un problema institucional muy serio. Así es como, en definitiva, se oculta una realidad innegable: la integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente», subrayó.
Por ese motivo, sostuvo que aceptó el nombramiento debido a que consideró que «debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema». «Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado. Tampoco sería sensato que, como ya se ha hecho, se siga demorando su integración», manifestó, a la par que remarcó que sería una «grave irresponsabilidad» esperar «a que se configurara un escenario de parálisis del más alto Tribunal de la Nación».
Y agregó: «No puede perderse de vista que si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, fuera temporario o permanente, la Corte Suprema se vería imposibilitada de funcionar. Es irrazonable, e innecesario, correr ese riesgo. Por eso, no se podía ni se puede mantener hoy esta situación por mucho tiempo más».
El cuestionamiento al accionar del Senado
Luego de destacar que «el nombramiento en comisión era constitucional», se refirió a las acusaciones en su contra a raíz de sus dichos en el Senado en agosto del 2024, donde había declarado que “no hubiera aceptado” ser designado de esa manera. «En las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral». lanzó.
«Mediante un recorte intencionalmente tergiversado de lo que contesté en ese momento, intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso. Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera. Basta ver la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de forma fehaciente lo que digo (y no un video recortado y editado, preparado sin dudas para engañar)», amplió.
En esa línea, indicó que la situación actual es «diametralmente opuesta» a la que se vivía en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, antes de que obtuvieran el acuerdo del Senado. Al respecto, precisó que, a raíz del decreto de Milei, «todos los ciudadanos del país pudieron analizar los antecedentes de ambos candidatos, repasar su experiencia y trayectoria profesional, formular objeciones de todo tipo, hacer preguntas y cuestionar o apoyar de diversas formas a los candidatos», participación que «se repitió y se extendió luego durante el trámite en el Senado».
Además, indicó que, después de la instancia de participación ciudadana, se cumplieron todos los pasos que establece el reglamento del Senado: se realizaron audiencias públicas con ambos candidatos y los legisladores tuvieron la posibilidad de revisar sus antecedentes, evaluar apoyos y objeciones, reunirse con ellos si querían, hacer preguntas y analizar todo el material presentado. «De esta forma, tuvieron tiempo más que suficiente para formarse un juicio de valor sobre ambas nominaciones mucho antes de que se dictara el decreto 137/25″, sentenció.
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Asimismo, sostuvo que «no había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego», a la par que acusó a la Cámara alta de terminar las sesiones ordinarias de 2024 «sin hacer nada concreto» y de hacer «caso omiso» al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025, ante lo que insistió en que la falta de accionar fue por «mera especulación política»: «¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política».
«Es evidente que no hay una real consciencia de la dimensión del problema que toda esta desidia institucional ha venido causando en los últimos años», expresó, a la vez que celebró que el decreto 137/25 de Milei «rompía con ese círculo vicioso». «Es indudable también que hay una gran parte del sector político que acepta sin mayor cuestionamiento que queden sin cubrir cargos de trascendencia, incluidas las vacantes en la Corte Suprema», manifestó, tomando como ejemplo la la falta de nombramiento de un Procurador General de la Nación definitivo (vacante hace más de siete años) o del Defensor del Pueblo (más de 15 años).
«A eso hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial, en todos estos casos, es francamente escandalosa», prosiguió.
En esa línea, advirtió que la situación «genera una evidente falta de justicia que, entre otras cosas, es funcional al narcotráfico, a la explotación y trata de personas, así como a la corrupción crónica que padecemos». «En definitiva, a todo aquello que nos condena de modo inexorable al fracaso y a la miseria del subdesarrollo», remarcó.
La motivación de la renuncia a la Corte Suprema
Hacia el final de la carta, consideró, a raíz de la decisión del Senado de rechazar su pliego: «Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema». A pesar de nombrar jurisprudencia que le permitiría «continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre, o hasta la fecha en que finalicen las eventuales sesiones de prórroga, o hasta que se nombre un reemplazo con acuerdo del Senado», planteó que su permanencia en el cargo «no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia».
«Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo», expresó.
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Y agregó: «Los poderes políticos tienen una responsabilidad institucional ineludible. La República Argentina necesita un Poder Judicial fuerte e independiente y no uno que sea funcional a sus intereses coyunturales, sean políticos o personales. Nuestro país debe estar por encima de todo y de todos».
«Empecé la carta como juez; la termino ahora como ciudadano. Creo que el proceso de transformación que la República Argentina depende de una condición indispensable para que tenga éxito, se consolide y se encarne en cada uno de los argentinos: que exista un Poder Judicial recto, decente e independiente, integrado por jueces que apliquen estrictamente el derecho vigente tal cual es y no tal como les gustaría que fuera. El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado», concluyó, previo a agradecer al presidente, a sus colegas de la Corte Suprema y al personal del tribunal.
MB/ ds