Edgardo Kueider, ex senador argentino, ha estado en el centro de una controversia política y judicial que ha captado la atención pública en los últimos meses. Desde Paraguay, donde cumple prisión domiciliaria, Kueider ha ofrecido su versión sobre el origen de los fondos que le fueron secuestrados en la frontera, afirmando que los USD 200 mil no provienen de actividades ilícitas ni de Argentina.
En una entrevista reciente, Edgardo Kueider rechazó las acusaciones en su contra y criticó el tratamiento mediático del caso. Según él, la difusión de un video relacionado con su detención lo ha condenado públicamente, independientemente de la veracidad de las acusaciones.
«La condena mediática ya la tengo», afirmó, señalando que cualquier prueba que presente será puesta en duda. El ex senador también denunció haber recibido amenazas contra su vida desde que el caso se hizo público y el Senado decidió su expulsión.
Según Kueider, estas amenazas incluyen mensajes que sugieren que podría ser víctima de un accidente o desaparición, lo que él interpreta como intentos de silenciarlo debido a su conocimiento sobre ciertos temas políticos sensibles.
Kueider ha señalado al kirchnerismo como responsable de una campaña para vincularlo con la Ley Bases, una normativa que, según él, el kirchnerismo intentó desacreditar para debilitar al gobierno de Javier Milei.
En este contexto, Kueider ha sugerido que su caso tiene un interés político de alto voltaje, diseñado para deslegitimar su posición y su voto a favor de dicha ley. Además, el ex senador ha cuestionado el operativo de Aduana en Paraguay que llevó a su detención.
Debate
Según él, el procedimiento fue fortuito y no resultado de operaciones de inteligencia. También ha indicado que los fondos encontrados en su posesión no están relacionados con coimas ni con actividades ilegales.
La situación de Edgardo Kueider ha generado un debate sobre la relación entre la política y la justicia en Argentina y Paraguay. Mientras algunos ven su caso como un ejemplo de corrupción y abuso de poder, otros lo interpretan como una persecución política diseñada para desacreditarlo y silenciarlo.
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