Mientras la Armada anunció el traslado de su archivo y su depuración selectiva, el ministro de Defensa, Luis Petri, dio de baja a 23 represores de la última dictadura militar. Estas bajas fueron menos de las requeridas por la Justicia y no siendo deshonrosas. Dos noticias impactantes en el marco de la disputa interna del gobierno y su necesidad de mantener el buen vínculo con las fuerzas represivas.
Un archivo sin desclasificar y con riesgo de desaparición
Desde la vuelta a la democracia, los espacios de Derechos Humanos han exigido la desclasificación de los archivos de las fuerzas armadas correspondientes a la dictadura, con el fin de realizar investigaciones completas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto.
Por esta razón, la resolución reservada de la Marina suena a una protección de la “familia militar”. El archivo general de la Armada, ubicado en Bolívar 1622, cuenta con más de 5.800 metros lineales de documentación, según datos oficiales, aunque expertos en archivos estiman que son cerca de 8 kilómetros lineales.
En este contexto, que la propia fuerza decida qué se traslada y qué se destruye antes de llevar el archivo al llamado “Garage Central”, ubicado en la zona de Retiro cerca del Edificio Libertad y de los tribunales de Comodoro Py, refleja el respaldo del gobierno hacia la impunidad de los militares. Aún resuenan las consecuencias de aquella fotografía con represores.
Petri en la mira
El ministro de Defensa, en una medida que generó tensiones incluso con algunos de sus aliados, dio de baja a 23 represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, solo cumplió parcialmente la orden judicial, ya que la cifra representa la mitad de los solicitados.
La resolución 2025-72, que decreta la baja de ex altos cargos del Ejército, reconoce en su texto que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia. También menciona el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señala: “La obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.
Entre las bajas se encuentra Horacio Losito, un coronel retirado con tres condenas por crímenes de lesa humanidad. Fue beneficiado con libertad condicional y, en 2024, homenajeado como un “héroe” de la Guerra de Malvinas en el regimiento de Apóstoles, ignorando la prohibición de rendir honores a quienes atentaron contra la democracia o cometieron crímenes durante el terrorismo de Estado.
Losito perteneció a la misma compañía de comandos que el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante el conflicto bélico de 1982.
Un gobierno orientado a silenciar la memoria
La resolución de Petri, aunque muy débil, generó una crisis dentro del gobierno. Grupos cercanos a la vicepresidenta, como Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), reclamaron que el gobierno de Milei anule la resolución del ministro.
Este gobierno, a lo largo de su gestión, ha atacado sistemáticamente la memoria frente a los crímenes de la dictadura. Ha dejado sin mantenimiento los espacios de memoria, despedido a los trabajadores de dichos espacios, emitido mensajes negacionistas en sus redes y ahora permite la destrucción de archivos clave para la verdad y la justicia.
Sin embargo, esta situación no es nueva. Llevamos más de 40 años de democracia sin desclasificar los archivos de la dictadura. Décadas marcadas por leyes como la de obediencia debida y el punto final, juicios escasos que no abarcan todo el horror de la dictadura, y genocidas que mueren de viejos en sus casas sin condena.
Por eso, desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad y el Espacio Memoria, Verdad y Justicia seguimos exigiendo la baja deshonrosa de todos los genocidas, la apertura de los archivos, y la cárcel común y efectiva para todos. En este marco, impulsamos una gran movilización este 24 de marzo que llene las plazas de todo el país, para dejar claro que el pueblo argentino exige memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables.
Algo que ningún gobierno ni juez parece querer, porque la impunidad de los militares se convierte en su propia impunidad respecto a los crímenes que continúan cometiendo en democracia. Un dato que no debemos olvidar hoy, 31 de enero, día en que la Policía Bonaerense del kirchnerismo desapareció y asesinó a Luciano Arruga.