El hecho marca un nuevo episodio en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario, acusado de corrupción en un caso que aún debe ser evaluado por la Corte Suprema de la Nación.
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por utilizar fondos públicos de manera indebida, desviándolos para financiar campañas electorales propias. Este fallo fue confirmado por la Cámara de Casación en 2023, y en noviembre de 2024, el tribunal dispuso su prisión preventiva argumentando el peligro de fuga, a pesar de que la condena aún no estaba firme.
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Urribarri, que fue gobernador de Entre Ríos durante dos períodos consecutivos y posteriormente asumió el cargo de embajador en Israel en el gobierno de Alberto Fernández, siempre negó las acusaciones en su contra. La decisión de la Corte Suprema entrerriana de liberarlo se basó en el hecho de que la condena en su contra no es definitiva, ya que está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los fundamentos se descarta el peligro de fuga invocado por los tribunales inferiores para ordenar la prisión preventiva. Ahora, el expediente será revisado por el máximo tribunal, que deberá expedirse sobre la condena impuesta a Urribarri.