La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó el sometimiento del que fuera gobernador del departamento del Meta para el periodo 2004-2007, Edilberto Castro Rincón, que solo estuvo en ese cargo durante dos años, ya que fue procesado y posteriormente condenado por homicidio agravado y otros delitos relacionados con corrupción por sus señalados vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con el tribunal de la justicia transicional, el otrora funcionario no entregó información suficiente sobre los nexos que tenía con el antiguo grupo armado contrainsurgente.
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“La Sala de Definición concluyó que el exgobernador tampoco ayudó a esclarecer el patrón de macrocaso 08 que se investiga ante la JEP respecto de las relaciones entre las AUC y los agentes estatales no integrantes de la fuerza pública (sic)”, explicaron en el tribunal de paz a través de su cuenta oficial de la red social X.
Recordaron que a Castro Rincón le iniciaron un proceso penal que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia donde fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
“De acuerdo con lo establecido en la justicia ordinaria, durante su mandato, el exgobernador además se alió con alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para obtener réditos electorales a cambio de darle a esa organización delincuencial y paramilitar contraprestaciones en dinero, a través de contratos sin requisitos legales con la gobernación (sic)”, detallaron.
El probado contubernio del Castro Rincón tuvo como consecuencia los asesinatos del exgobernador del Meta Carlos Javier Sabogal Mojica, de Euser Rondón Vargas, que era su contrincante político y “cuya campaña también fue financiada igualmente por las AUC”; y de la diputada Nubia Sánchez Romero.
“Todos ellos presentaron en su momento denuncias que generaron la apertura de procesos penales, disciplinarios y fiscales en contra del exgobernador Castro Rincón, que terminaron en su condena en la justicia ordinaria (sic)”, resaltaron en la JEP.
Adicionalmente su relación con la mencionada facción de las AUC afianzó la injerencia que tenía esa organización armada ilegal en el departamento.
“Esto permitió al Bloque Centauros consolidar el control político en el Meta y participar en diferentes foros de paz, lo que luego facilitó su desmovilización y escaños en el Congreso (sic)”, señalaron en el tribunal de paz.
Aunque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ya había rechazado el sometimiento de Castro Rincón, esa decisión la revocaron en la Sección de Apelación donde les ordenaron que le solicitaran al exgobernador un “Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) satisfactorio, en el que debía señalar, entre otras, sus aportes a la verdad y el plan de restauración y no repetición”, sin embargo, desacató ese requerimiento, pese a que la JEP le insistió en tres ocasiones para que lo entregara, por lo que se ratificó el rechazo a su sometimiento.
“Se llegó a esta conclusión tras la precariedad del aporte a la verdad, por la simple enunciación de los aspectos sobre los cuales iba a dar verdad sin ningún desarrollo de dicho aporte y su reticencia a referirse de forma detallada a sus relaciones y las de otros funcionarios con el Bloque Centauros de las AUC, incluso a pesar de la evidencia recabada por la justicia ordinaria que profirió una sentencia en su contra (sic)”, argumentaron en la justicia transicional.
Desde mediados del 2023 el exgobernador del Meta se encuentra en libertad condicional tras haber cumplido las dos quintas partes de su condena en la cárcel Colonia Penal de Oriente en Acacías (Meta), informaron en su momento en el portal de noticias Noticiero del Llano.