Si bien los cambios que se inauguran con el primer día hábil del mes de diciembre servirán para que los aportes de los trabajadores vayan a la obra social o prepaga elegida sin ningún tipo de intermediación en el medio como venía sucediendo hasta ahora, lo que permitirá reducir costos y simplificar trámites, la reforma en el sistema de salud tiene dos efectos principales, el abandono del sistema público sanitario y la desnaturalización del discurso o relato político del gobierno anti casta.
Con cada reforma del Gobierno libertario se producen ganadores y perdedores. En el caso que nos ocupa se pueden anotar ganadores y perdedores de la casta empresaria y sindical. O mejor, habría que expresar, según el particular idioma del Presidente Javier Milei, «empresaurios» y «sindigarcas».
Los últimos decretos favorecen a dirigentes como Claudio Belocopitt de Swiss Medical y varios socios en el sector de la medicina privada y al «club del Sanatorio Guemes», Luis Barrionuevo, Enrique «Coti» Nosiglia y, el actual ministro de salud, Mario Iván Lugones, fundador del Guemes y socio de Nosiglia en la consultora Nueva Buenos Aires S.A. Su hijo, Rodrigo Lugones es «mano derecha» del influyente asesor presidencial, Santiago Caputo que dio luz verde a la designación ministerial de su padre.
Pero hay perdedores, casi todos anotados en el mundo sindical que habían creado sellos de goma que dejarán de existir con la concreción del Registro Nacional de Agentes del Seguro.
El Gobierno desregulador termina con la histórica triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas
Desde 1996, por el Decreto 1141, los afiliados estaban obligados a pasar por obras sociales intermediarias, que retenían entre un 2% y un 7% de los aportes.
Esta maniobra permitía que los trabajadores derivaran sus aportes a prepagas solo a través de obras sociales que sólo mostraban un sello y ningún médico.
Sellos de goma, como «la obra social de Capitanes de Ultramar» según ejemplificaron en Casa Rosada. «Una obra social que crecía en afiliados y no prestaba servicio alguno«.
Ahora bien, la razón por la que Claudio Belocopitt y otros referentes de la medicina privada salen ganadores con los recientes decretos está relacionada con el Fondo Solidario de Redistribución, que compensa gastos en tratamientos caros y prestaciones de discapacidad.
Comentaron en Salud que Belocopitt fue «…el primero en correr a inscribir sus empresas para acceder a ese fondo» del que hasta el 30 de noviembre se beneficiaban sólo las obras sociales sindicales.
Desregulación de obras sociales y prepagas: los principales cambios
Los últimos decretos de la administración de Javier Milei van en la dirección de desregular completamente el sistema de obras sociales y prepagas.
El decreto, 70/2023, estableció la homologación de prepagas y obras sociales sindicales, y la libertad de las prepagas para establecer el valor de las cuotas de sus planes y reducir el control estatal de los gobiernos kirchneristas.
Se estableció la obligación de un trabajador en relación de dependencia de mantener por un año la afiliación correspondiente a la obra social.
Mientras que en la Superintendencia dijeron que el Gobierno trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que cualquier usuario pueda ver cuánto de sus aportes va a la prepaga y cuánto a la obra social, hay 4,3 millones las personas que podrían solicitar este fin de la triangulación, a través de un sitio que habilitará Salud.
Durante el mes de noviembre que acaba de finalizar la triangulación absorbió $41.158 millones.
Pero con la normativa que entra en vigor se eliminó el año de pertenencia obligatoria a la obra social de origen y se dispone que las prepagas que se inscriban en el Registro Nacional de Agentes del Seguro deben aportar el 15% de su recaudación para el Fondo Solidario de Redistribución.
Para los críticos de la medida se trata de la llegada a una meta que comenzó en la década del ‘90 durante los gobiernos menemistas cuando se habilitó la libre elección de obra social «rompiendo el principio de solidaridad por el cual los sueldos más altos colaboraban con un porcentaje mayor a un plan universal de salud para todos los afiliados.
La desregulación dio lugar a planes de diferente calidad y precio ajustados al presupuesto del beneficiario, que es la condición para un mercado de planes de salud privados donde la aspiración de las empresas es quedarse con la llamada «crema» del negocio, esto es, los planes para sueldos más altos o los «corporativos» para grandes empresas que contratan el servicio para sus empleados», señaló la dirigencia nacional del Partido Obrero.
Desde el otro arco ideológico, el profesor del CEMA, Federico Vacalebre, señaló al diario Ámbito Financiero que «El propósito de permitir la libre elección es aumentar la eficiencia del sistema, utilizando los recursos destinados a las comisiones de las obras sociales para mejorar la atención médica. Sin embargo, esta propuesta favorece a las familias con altos aportes, mientras que resulta inconsistente para aquellas con contribuciones bajas. Ante esta situación, prepagas y obras sociales podrían intentar evitar la afiliación de personas con aportes limitados o, en caso de aceptarlas, buscar mecanismos para reducir su cobertura y derivarlas a hospitales públicos».
La crisis del sector público
En este contexto, la crisis en el sector de la salud pública no tiene buenos pronósticos y podría continuar su desfinanciación.
Para los observadores críticos de los cambios, el objetivo final es crear un mercado de inversión para empresas de seguros de salud y dejar «morir a la salud pública».
Los síntomas que existen acerca de la dirección hacia la que se dirige el gobierno nacional son varios y contundentes, desde la reducción de prestaciones del PAMI, de controles de la ANMAT, y provincialización de hospitales nacionales pasando por lo más novedoso, el programa de «subsidio a la demanda» expresado por Javier Milei y Federico Sturzenegger en reiteradas ocasiones.
Esto es la implementación de un voucher de salud que ya tiene una experiencia en la localidad bonaerense de San Nicolás, donde en un hospital municipal, está siendo gestionado por referentes del sector privado y atiendo por cupones a ciudadanos que no tienen cobertura médica.
Se trata, en definitiva, del golpe final al sistema de salud originado en el primer peronismo. El de Juan Perón, Eva Perón y Ramón Carrillo.
Carrillo, el padre del sanitarismo en el país, fue nombrado por Perón en1946 como ministro de Salud. Durante los ocho años de su gestión realizó una tarea titánica. Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. La fundación Eva Perón, construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Se estableció la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos.
Esos logros del pasado comenzaron a ser derrumbados durante la dictadura de Juan Carlos Ongania cuando dispuso universalizar las obras sociales poniendo en manos de los sindicatos únicos la cobertura de salud de los trabajadores, lo hizo para consolidar su entendimiento con el grueso de la dirigencia sindical peronista.
Fue el comienzo del ingreso a un estadio de crisis en la salud pública del que, aún hoy, la Argentina no logra salir ni resolver.