La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que la ley del Parlamento israelí que prohíbe toda actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA) tanto en Israel como en los territorios palestinos «agravará la catástrofe humanitaria palestina» y «minará aún más las perspectivas de supervivencia de la población en Gaza».
«La UNRWA es un salvavidas para los palestinos», ha afirmado en un comunicado el secretario general de MSF, Christopher Lockyear, antes de añadir que si se lleva a cabo la prohibición de las actividades de la UNRWA, «tendría implicaciones catastróficas en la grave situación humanitaria de los palestinos que viven en Gaza, así como en Cisjordania, ahora y en las generaciones venideras».
«Condenamos enérgicamente esta decisión, que es la culminación de una larga campaña contra la organización», ha recalcado el responsable de MSF.
La ONG ha detallado que esta legislación representa «una prohibición inhumana de una ayuda humanitaria vital». «El voto de la Knesset (Parlamento israelí) está empujando a la población palestina hacia una crisis humanitaria aún más profunda. Es imperativo que el mundo actúe para salvaguardar los derechos fundamentales de los palestinos», ha aseverado MSF.
«La legislación recién votada hará casi imposible que la UNRWA trabaje en Gaza o Cisjordania; se impedirá la coordinación con las autoridades israelíes y se denegarán los permisos de entrada a cualquiera de los dos territorios ocupados, y esencialmente se bloqueará la entrega de ayuda de la UNRWA a Gaza y dentro de ella. La UNRWA se encarga de casi toda la distribución de la ayuda de la ONU que llega a la Franja», han denunciado.
Israel, por contra, aduce desde hace años que la UNRWA es una agencia inoperante y, desde el estallido de la guerra de Gaza, cómplice de las milicias palestinas de Hamás en sus ataques al país. La diputada Yulia Malinovsky denunció, durante la presentación del proyecto de ley, que la agencia «no debería ni existir» e incluso acompañó su propuesta de una solicitud para declarar a la UNRWA como una organización terrorista, finalmente desestimada.
Israel acusó el pasado marzo a «un número significativo» de trabajadores de la UNRWA de «ser miembros de organizaciones terroristas», lo que llevó a 16 países a suspender o congelar los fondos, privando de golpe a este organismo de 450 millones de dólares y poniendo en duda la continuidad de sus operaciones.
Sin embargo, a mediados de abril, la investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna descartó que las autoridades israelíes proporcionaran pruebas que acreditasen los presuntos vínculos terroristas atribuidos a varios de los empleados de la UNRWA.