Enfocado en privatizar o, en todo caso, reducir al mínimo su aporte a las empresas aún estatales, el Gobierno movió las piezas y oficializó la desregulación del servicio de correos. Este cambio de régimen abre la posibilidad de que compañías privadas puedan intervenir en cuestiones que antes eran potestad del Correo Argentino casi en solitario. Por ejemplo, en la provisión de servicios de entrega de cartas documento, telegramas y encomiendas hasta 50 kilos. Al mismo tiempo, la modificación auspicia que más actores puedan ofrecer prestaciones de mensajería urbana en plazos breves y distancias cortas. La medida en cuestión habilita nuevos negocios para firmas que en la primera parte del año mostraron interés por Correo Argentino.
«El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina», publicó Manuel Adorni, vocero presidencial, en su espacio en la red social X durante el fin de semana.
Correo Argentino y la privatización que no fue
El anuncio, luego apuntalado con la publicación del decreto correspondiente, sorprendió en tanto la situación de los correos había quedado fuera del radar de cambios inmediatos anunciados o sugeridos por los libertarios. De hecho, la intención de privatizar el Correo Argentino quedó fuera de «circulación» tras los acuerdos a los que llegó el Gobierno para lograr la aprobación de la Ley de Bases.
Ahora, la situación de la empresa vuelve a escena con una modificación del mercado que, señalan en torno al oficialismo, redundará en mayor competencia y un achique superior de la estructura de la estatal.
Con el decreto emitido, La Libertad Avanza puso en claro su intención de eliminar los «vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores».
Al mismo tiempo, la decisión de inscribe dentro del plan del Gobierno de suplir con la intervención privada las funciones del Correo Argentino, al que considera una firma por demás de deficitaria.
Vale señalar que el Correo Argentino cuenta con el estado nacional como único accionista y opera una red de 1.400 sucursales y postales. En 2023, la estatal tuvo un déficit de $71.322 millones y Nación debió enviarle más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.
A fines del año pasado, la compañía totalizaba 16.858 empleados, y el Gobierno considera que para dejar de funcionar en rojo debe reducir los puestos de trabajo por debajo de los 9.500. Mediante un plan de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, el oficialismo se alzó con alrededor de 2.000 cesantías en la primera parte de 2024.
Con Mercado Libre como su mejor cliente, el Correo Argentino dispone de más de 900 inmuebles distribuidos en todas las provincias del país. Se da por descontado que el oficialismo buscará colocar a esos activos en el mercado inmobiliario a los fines de compensar con la venta de esos recursos parte del déficit económico de la empresa.
Correo desregulado: oportunidades para empresas privadas
En cuanto a las compañías privadas que se beneficiarían con este cambio de régimen, una de las primeras que asoma es Andreani, cuya familia propietaria mostró un relativo interés por la estatal en momentos en que se discutía su potencial privatización.
Entre otros emprendimientos, Andreani es dueña del parque industrial Norlog, en Tigre, donde opera una plataforma de logística con capacidad para el almacenamiento y la distribución de mercaderías de todo tipo.
Dicho espacio cuenta con tecnología para procesar hasta 90.000 paquetes diarios y un tiempo de distribución a todo el país del orden de las 24 horas.
Claudio Espinosa, titular de OCA Log y Flecha Log, es otro de los actores que podría incrementar su abanico de servicios con la desregulación de los correos.
Por estos días, el empresario, largamente vinculado al sindicalista Hugo Moyano, mantiene un acuerdo con el Correo Argentino mediante el cual provee de camionetas de Flecha Log para la distribución de paquetes en la «última milla».
Otro privado que aumentaría su negocio a partir del cambio establecido por el Gobierno es Héctor Colella, titular de OCASA. Colella es el ex abogado de Alfredo Yabrán, el empresario que se suicidó tras habérselo acusado de autor intelectual del asesinato del fotógrafo periodístico José Luis Cabeza.
Cada uno de estos nombres se mantuvo expectante en momentos en que se debatía la posibilidad de la privatización del Correo Argentino, pero ahora tendrán la posibilidad de salir a disputarle mercado en un contexto de apertura inédito para el sector. Resta conocer si, tras la apertura del negocio, el oficialismo apostará por una estatal más competitiva o, en todo caso, hará de esa compañía un participante más de un nicho que sigue moviendo millones.